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Procuraduría solicita medidas cautelares de urgencia en San Andrés ante amenaza ambiental por residuos hospitalarios

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Fuente: Procuraduría Nacional de la Nación

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la adopción de medidas cautelares de urgencia, ante el riesgo que representa para los habitantes del archipiélago la acumulación de cerca de 6 toneladas de residuos hospitalarios, que permanecen al rayo del sol en contenedores en mal estado.

La solicitud del Ministerio Público busca poner fin a la vulneración y violación de los derechos e intereses colectivos, así como la protección a la vida, salud y salubridad pública de los ciudadanos y residentes en la Isla de San Andrés y Providencia.
En su escrito la Procuraduría reveló que “el 21 de noviembre de 2018 se trató de dar solución parcial a esta grave emergencia, enviando por vía marítima dos (2) contenedores con residuos hospitalarios a Cartagena, embarcación que tuvo que regresar por fallas en el motor, quedando esos contenedores sometidos a altas temperaturas hasta de 50 grados, y ante la imposibilidad de reparar la motonave, los residuos fueron devueltos al patio del hospital,  presentándose una acumulación aproximada de 6 toneladas, en un contenedor (en estado de deterioro total) que se encuentra totalmente rebosado y saturado, así como las bodegas de almacenamiento”.
Para el ente de control es urgente que como parte del fallo del pasado 3 de octubre, donde el Tribunal acogió una acción popular de la Procuraduría y ordenó la protección de los derechos colectivos de los residentes en la isla; se conmine al operador del Clarence Lynd Newball Memorial Hospital iniciar de manera inmediata la operación del equipo desactivador de residuos hospitalarios, que cuenta con las licencias ambientales y la capacidad para desactivar los residuos hospitalarios peligrosos  generados en todo el archipiélago.
También se pidió vincular a la gobernación, a través de su Secretaría de Salud, para que supervise la desinfección de todas las zonas donde se encuentran acumulados los residuos hospitalarios, así como el traslado en condiciones seguras de los acumulados en la Isla de Providencia, centros de salud y pequeños generadores como clínicas, laboratorios y consultorios.
Por último pidió que a la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina “Coralina”, se le ordene que de manera oportuna evalúe, controle y  haga seguimiento ambiental a las actividades que implican la emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro la vida, o incluso, el desarrollo de los recursos naturales renovables.
En su escrito la Procuraduría condenó que “los intereses particulares de los operadores del hospital han prevalecido sobre los derechos fundamentales y colectivos de todas las personas y residentes insulares, lo cual ha puesto a toda una comunidad en peligro inminente en su vida y salud de forma grave e injustificable; no obstante, contar con una solución de desactivación de los desechos y residuos a metros del sitio generador de los residuos hospitalarios”.
Para la Procuraduría “la situación actual amerita la intervención del juez de los derechos colectivos ante la gravedad y magnitud de esta problemática, la cual se agudiza día a día”.
“Todo lo anterior demuestra que las personas en la Isla de San Andrés están expuestas a un altísimo riego de sufrir graves lesiones en su salud y vida, al estar permanentemente expuestos frente a un manejo irregular, indebido e irresponsable de residuos hospitalarios, que representan un riesgo biológico; no obstante contar con un mecanismo que les permitiría solucionar de forma inmediata esta problemática, con la planta desactivadora con capacidad para eliminar diariamente todos los desechos generados en 24 horas”.

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El Archipiélago subió dos puestos en el Índice de Competitividad 2024

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Bogotá lidera el ranking de la medición al ubicarse en la primera posición en 9 de los 13 pilares del IDC 2024, y registra un puntaje general de 8,14 sobre 10; seguida por Antioquia, departamento que se posiciona en el top tres en la mayoría de los pilares, logrando así una puntuación general de 6,80 sobre 10.

En tercer lugar, se ubica Valle del Cauca, ascendiendo en dos posiciones respecto al recálculo para 2023, lo que le lleva a obtener un puntaje de 6,41. Por un estrecho margen, la cuarta posición es ocupada por Atlántico, alcanzando un puntaje de 6,39.

En quinto lugar y tras descender en dos posiciones se ubica el departamento de Risaralda, logrando un puntaje de 6,32 sobre 10.

En las últimas posiciones se encuentran los departamentos Chocó (puesto 29, puntaje 3,36); Amazonas (puesto 30, puntaje 3,18); Guainía (puesto 31, puntaje 3,15); Vaupés (puesto 32, puntaje 2,65); y finalmente, Vichada con un puntaje de 2,43.

En la versión 2024 del IDC se presentaron notables avances frente al año anterior. Es el caso de Caquetá, departamento que asciende 3 posiciones. Y Valle del Cauca, Tolima y Archipiélago de San Andrés, que lograron cada uno un ascenso de 2 posiciones.

Paralelamente, algunos departamentos presentaron un descenso en su posición, como es el caso de Risaralda, Cauca, Nariño y Arauca, departamentos que perdieron 2 posiciones frente al recálculo de 2023.

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Armada incautó dos toneladas de clorhidrato de Cocaína en el Archipiélago

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En el desarrollo de actividades de patrullaje y control marítimo, la Armada de Colombia con la Fuerza Aérea Colombiana, la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial del Comando Sur de los Estados Unidos- JIAFTS y las autoridades de Panamá, detectaron dos motonaves tipo Go Fast que navegaban rápidamente y de manera sospechosa hacia Centroamérica.

De inmediato, el Comando Específico de San Andrés y Providencia desplegó un Patrullero Marítimo de la Aviación Naval y una Unidad de Reacción Rápida – URR, con el fin de efectuar la interdicción de las motonaves quienes, al notar la presencia de las autoridades, iniciaron maniobras evasivas, emprendiendo la huida y arrojando a su paso bultos al mar.

Luego de una intensa persecución, los tripulantes de la Institución Naval efectuaron el procedimiento de interdicción e inspeccionaron una de las motonaves, hallando en su interior cuatro sujetos, tres nicaragüenses y un costarricense; así mismo, lograron recuperar 66 bultos en el mar.

Mientras que la segunda motonave fue interceptada por autoridades de Panamá que realizaron el procedimiento de interdicción gracias a las coordinaciones efectuadas con la Armada de Colombia, en este caso la Institución Naval recuperó 28 bultos lanzados al mar por los sujetos en su huida.

Una vez efectuados los respectivos procedimientos, el personal junto al material fue conducido al muelle de la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, en donde se llevaron a cabo los trámites pertinentes.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de tráfico, porte o fabricación de estupefacientes, de acuerdo con el artículo 376 del Código Penal Colombiano.

En el lugar fue realizada la Prueba de Identificación Preliminar Homologada –PIPH, a la sustancia contenida en los bultos recuperados del mar, la cual arrojó resultado positivo para 2.349 kilogramos de clorhidrato de cocaína, y 430 gramos de anfetaminas.

Cabe destacar que la sustancia ilícita incautada, está avaluada en el mercado ilegal en más de 79 millones de dólares y podría ser dividida en más de cinco millones de dosis.

La Armada de Colombia, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, continuará haciendo uso de sus capacidades y del talento humano disponible para actuar de manera contundente, debilitando las cadenas de narcotráfico y las economías ilícitas presentes en la región Caribe.

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I-Fish en Providencia lanza ‘Raizal Spring’, para transformar la pesca sostenible

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I-Fish ha dado un paso significativo en la transformación de su modelo pesquero con el lanzamiento de ‘Raizal Spring’. Este proyecto, iniciado en febrero del año pasado, busca incrementar las capacidades productivas y promover la pesca sostenible en la región.

La inversión en ‘Raizal Spring’, incluye una lancha versátil de 32 pies, adquirida con recursos propios de I-Fish. Esta embarcación se utilizará para diversas tareas, desde la pesca hasta la investigación científica y la asistencia comunitaria. Además, tres embarcaciones de 20 pies complementarán las operaciones, mejorando la eficiencia y manteniendo las prácticas artesanales sostenibles.

I-Fish ha contado con el respaldo de importantes figuras y organizaciones, incluyendo a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica; la directora de la Aunap, Karen Mejía; y el presidente Gustavo Petro. También agradecen a la Diáspora Raizal, la Autoridad Raizal, la Veeduría Cívica, Raizal Youths, Raizal Development Center, Fondo Acción y todos los aliados que han apoyado este proyecto.

Dicho proyecto no solo moderniza la pesca, sino que también refuerza el compromiso de I-Fish con la sostenibilidad y el desarrollo comunitario. La inclusión de nuevas tecnologías permitirá una mejor gestión de los recursos marinos, beneficiando tanto a la economía local como a la conservación ambiental.

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