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PROVIDENCIA : ¿PANAMÁ PAPERS?

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PROVIDENCIA : ¿PANAMÁ PAPERS?

Noli equi dentes inspicere donati (latín)

A caballo regalado, no le cuentes los dientes (español)

No look a give horse ina fi him tooth (Créole)

Imágen de Clipartmax

Si existe algo difícil de exponer desde una óptica de la urgencia y la necesidad de comunidades en estado de alta vulnerabilidad, es aquello que tiene que ver con las donaciones; sobretodo cuando ellas provienen de empresas de naturaleza privada, fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales.

Los estados nacionales, sobretodo aquellos con economías en desarrollo e incipientes niveles de control sobre el origen de los bienes y servicios, prefieren mirar a un lado, ocultando muchas veces la entrada de presuntos elefantes. No siempre es así, pero muchas veces si lo es, y sucede con frecuencia.

Providencia y Santa Catalina fueron arrasadas por el huracán Iota la medianoche y el amanecer del 18 de noviembre. Ambas islas fueron golpeadas con tanta intensidad que ya se volvió una expresión repetitiva que “un 98% de las viviendas fueron destruidas”.

Muchas veces -no siempre es así- las donaciones se dan de personas naturales o jurídicas que queriendo evadir impuestos buscan los ya conocidos “paraísos fiscales “, que son territorios o países que no poseen regulaciones de control sobre el movimiento de capitales, ofreciendo a empresas y ciudadanos protección del secreto bancario y comercial.

EL CASO DE LAS ISLAS DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

El domingo 22 de noviembre pasado, el portal de noticias zonacero.com informó con el titular “Llegaron materiales para Plan Piloto de Casas Prefabricadas en Providencia” la llegada en un vuelo humanitario de los materiales para construir las dos primeras casas de este plan piloto.

La información reportada en el portal tuvo como fuente al Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Tybalt Malagón González.

Según las afirmaciones del ministro consignadas en el portal, las dos primeras casas de este plan piloto fueron donadas por la empresa colombiana WOODPECKER S.A.S. y su fabricación cuenta con elementos alternativos como WPC (Wood Plástico Composite), una mezcla de madera y plásticos.

Expresó igualmente el joven ministro, que las dos primeras viviendas para el Plan Piloto de Reconstrucción de Providencia cumplen todas las normas arquitectónicas y de sismo resistencia NSR -10, tienen estructuras metálicas y son adaptables para el clima de las islas, habiendo inspeccionado la isla de Santa Catalina en compañía del Viceministro José Luis Acero Vergel, ex contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y de la Directora de Vivienda Rural, Saira Samur Pertuz, anterior Vicepresidenta de FINDETER, y ex funcionaria del Congreso de la República, entre otros.

Saira Samur Pertuz, Directora de Vivienda Rural. Anterior Vicepresidenta de FINDETER.

LO QUE SE SABE DE WOODPECKER S.A.S.

WOODPECKER S.A.S. es una empresa colombiana, con 10 años de experiencia, que se dedica a la producción y comercialización de productos fabricados con material WOODPECKER WPC, el cual está compuesto de fibras vegetales (cisco de café) y polímero, para uso arquitectónico y construcción de viviendas.

La empresa, según información consultada por QUITASUEÑO, nació a raíz de un trabajo conjunto entre la Universidad de Los Andes y Colciencias, y ha sido destacada por entidades del Estado como cumplidora de buenas prácticas de sostenibilidad.

De acuerdo a su información, a la fecha han construido 2615 unidades, equivalentes a 412.504 metros cuadrados de material Woodpecker vendidos.

Viviendas construidas por Woodpacker S.A.S. en la región de La Mojana con recursos del Fondo de Adaptación.

Ha contratado con entidades del Estado como FINDETER, en proyectos de educación en Bahía Solano (Chocó) y El Charco (Nariño); y con el Fondo de Adaptación, proyectos de vivienda rural dispersa en la alta Guajira, y en la Región de La Mojana.

Woodpecker Colombia y FINDETER.

Su socio principal es:

“Mallas, equipos y construcciones” MAECO S.A.S.

Su Representante Legal es Alejandro Franco Varón

Su Represente Legal Suplente es Andrés Franco Portocarrero.

Sus representantes legales son o fueron socios (Share Holders) de ARF DE AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA, empresa costarricense de papel constituida en Panamá, y figuran en “Panamá Papers” bajo el agente Mossac Fonseca.

Esto necesariamente no quiere decir que sus vínculos societarios en paraísos fiscales sean o hayan sido ilegales, no obstante ser Mossac Fonseca un bufete de abogados y agentes en paraísos fiscales investigados por blanqueo de capitales.

EL SEMÁFORO A LAS DONACIONES

“Detrás de cada donación hay un héroe”, o “Detrás de cada donación hay una vida” son las expresiones más usuales que hacen referencia a una decisión que debiera ser humanitaria, altruista y desinteresada”.

Por eso resulta tan difícil abordar el tema desde lo ético, porque en la mayoría de los casos quien recibe o se beneficia de la donación es una persona, o un grupo de personas, que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad que compromete su capacidad de ser autónomos. La necesidad es muchas veces tal, que se quedan sin opciones.

Es por ello que le corresponde al Estado y a las veedurías legalmente constituidas, la obligación para el primero, y la responsabilidad para las segundas, de vigilar el origen y destino de las donaciones, realizar los filtros, buscar los antecedentes del donante, sus vínculos directos o indirectos con el Estado y sus funcionarios, tanto en el presente como en el pasado; y tratándose de personas jurídicas, en la medida de lo posible, indagar los antecedentes de los socios y de los representantes legales.

Los donantes deben tener especial cuidado en verificar que el beneficiario de la donación no se encuentre asociado a operaciones de narcotráfico y lavado de activos; facturar los bienes donados; efectuar los registros contables de la donación; tener los soportes documentales de la aprobación, y tratándose de Fundaciones y ONG’s, verificar sus antecedentes, la legalidad de sus documentos, y las contrataciones y convenios que hayan hecho con el Estado.

Providencia y Santa Catalina son hoy en todo el Caribe, el atractivo de empresas y fundaciones de todos los matices y colores. Hay que tener mucho cuidado, porque “brujas y duendes; de que los hay, los hay”.

Y también mucha atención con el refrán que dice:

“A caballo regalado, no le cuentes los dientes….”

O quien quita que también entre un elefante!

La siguiente es una imágen del RegistrUnico Empresarial de “Woodpecker S.A.S.

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Tribunal Contencioso administrativo suspendió de manera provisional los efectos de la elección de presidente de la Asamblea

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La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

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Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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Justiniano Brown Bryan

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

 

Foto Cortesía

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«Continúa labores la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago»: IGAC

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La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.

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