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Renuncia y nombramiento

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Antonio Colmenares Martínez

La semana pasada, en menos de 24 horas el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, recibió dos noticias que afectan directamente la administración y por ende las condiciones de la comunidad en una época en la que se requiere mucha claridad, responsabilidad y honradez para preservar la salud y la vida y además enfrentar y superar los gravísimos problemas que deja, hasta el momento la pandemia de covid19.

Sin tener en cuenta el orden cronológico, se conoció, a través de un comunicado, la renuncia del gerente para el manejo del covid19, Richard Palacio. Para decirlo con un verso vallenato: “Lo que les voy a contar es increíble pero cierto, que el niño que usted esperaba, pobrecito nació muerto”.

Terminó así una corta e incómoda gestión que, desde mediados de agosto pasado, intentó realizar un honrado profesional altamente reconocido por la ciudadanía isleña. Desde que comenzó su trabajo, era evidente que tenía las ‘manos atadas’, no tenía libertad de ejecutoria. A pesar de ese panorama, Palacio intentó darle un contexto claro a lo que se tenía y lo que hacía falta en las islas, para luchar contra una de las emergencias sanitarias más grave que ha vivido el mundo entero, pero el desconocimiento del gobierno nacional de la realidad de las islas, la abstracción que se hace desde la Presidencia y los ministerios de la ubicación geográfica del Archipiélago que genera vulnerabilidad y por lo tanto hace prioritaria la atención especial para desarrollar planes especiales de abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad, programas de salud con dotación de equipos hospitalarios, con o sin covid19, aplicación de estrategias especiales para garantizar una economía sólida basada en la vocación de destino turístico, con o sin covid19, toda esa ignorancia selectiva y descuido del gobierno nacional para con uno de los departamentos más importantes del país, una joya abandonada y olvidada, hizo que Palacio, dijera: “No voy más”, seguramente con el dolor y la amargura de un buen ciudadano e hijo de estas tierras y este mar que merecen un mejor presente.

La justificación de la renuncia de Palacio también tiene que ver, según el documento, con la decisión de permitir que lleguen turistas y viajeros en general sin ningún filtro, es decir, sin pruebas de antígenos, aspecto en el que el dimitente no está de acuerdo por considerar que hay demasiado riesgo de aumentar el índice de contagio, lo cual, si bien es cierto es difícil probarlo, si deja abierto en el imaginario un motivo de preocupación.

Hasta el momento se desconoce si Palacio será reemplazado o definitivamente, se acaba la figura de gerencia para covid19, debido a la alta complejidad para el manejo de una dependencia sin ‘dientes’ y que se convierte en una especie de coordinador para lo que no haría falta más que un funcionario de la secretaría de Salud o de otra parte un comunicador de cifras y circunstancias de la pandemia, para lo que está la oficina de prensa departamental.

Esa es la verdad, se trata de una dependencia que, desde el principio, no tenía claramente definidas las funciones y por eso como ya se dijo, tenía ‘las manos atadas’.

De otra parte, la presidencia de la República decidió encargar de la gobernación al secretario de Infraestructura, Alen Jay, mientras la unión de partidos que inscribieron la candidatura del actual gobernador, Everth Hawkins, decide una terna, de la que, de nuevo la Presidencia deberá encargar, tal como dicta la norma. Para muchos analistas políticos de las islas, el encargo de Jay es tan acertado que deberían dejarlo y saltarse el paso de la terna, pero es una norma que hay que cumplir y desde luego que, si el nombre de Alen Jay estuviera en esa lista, se supone que así será, pues sería lógica su continuación. Por ahora la comunidad isleña se ‘salvó’ de los encargos de gobernadores externos, que como en el pasado inmediato llegaron a acomodar piezas administrativas a favor de los ‘intereses superiores’ de quienes desde Bogotá ejecutan negocios en el Archipiélago, pasando impunemente por encima de leyes y normas claramente establecidas. Con el nombramiento de Alen Jay, se cierra el paso a esa tendencia porque el próximo encargado, debe salir de la terna que envíe el grupo político dueño de los votos de Hawkins. De otra forma sería quebrantar la ley.

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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