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Renuncia y nombramiento

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Antonio Colmenares Martínez

La semana pasada, en menos de 24 horas el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, recibió dos noticias que afectan directamente la administración y por ende las condiciones de la comunidad en una época en la que se requiere mucha claridad, responsabilidad y honradez para preservar la salud y la vida y además enfrentar y superar los gravísimos problemas que deja, hasta el momento la pandemia de covid19.

Sin tener en cuenta el orden cronológico, se conoció, a través de un comunicado, la renuncia del gerente para el manejo del covid19, Richard Palacio. Para decirlo con un verso vallenato: “Lo que les voy a contar es increíble pero cierto, que el niño que usted esperaba, pobrecito nació muerto”.

Terminó así una corta e incómoda gestión que, desde mediados de agosto pasado, intentó realizar un honrado profesional altamente reconocido por la ciudadanía isleña. Desde que comenzó su trabajo, era evidente que tenía las ‘manos atadas’, no tenía libertad de ejecutoria. A pesar de ese panorama, Palacio intentó darle un contexto claro a lo que se tenía y lo que hacía falta en las islas, para luchar contra una de las emergencias sanitarias más grave que ha vivido el mundo entero, pero el desconocimiento del gobierno nacional de la realidad de las islas, la abstracción que se hace desde la Presidencia y los ministerios de la ubicación geográfica del Archipiélago que genera vulnerabilidad y por lo tanto hace prioritaria la atención especial para desarrollar planes especiales de abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad, programas de salud con dotación de equipos hospitalarios, con o sin covid19, aplicación de estrategias especiales para garantizar una economía sólida basada en la vocación de destino turístico, con o sin covid19, toda esa ignorancia selectiva y descuido del gobierno nacional para con uno de los departamentos más importantes del país, una joya abandonada y olvidada, hizo que Palacio, dijera: “No voy más”, seguramente con el dolor y la amargura de un buen ciudadano e hijo de estas tierras y este mar que merecen un mejor presente.

La justificación de la renuncia de Palacio también tiene que ver, según el documento, con la decisión de permitir que lleguen turistas y viajeros en general sin ningún filtro, es decir, sin pruebas de antígenos, aspecto en el que el dimitente no está de acuerdo por considerar que hay demasiado riesgo de aumentar el índice de contagio, lo cual, si bien es cierto es difícil probarlo, si deja abierto en el imaginario un motivo de preocupación.

Hasta el momento se desconoce si Palacio será reemplazado o definitivamente, se acaba la figura de gerencia para covid19, debido a la alta complejidad para el manejo de una dependencia sin ‘dientes’ y que se convierte en una especie de coordinador para lo que no haría falta más que un funcionario de la secretaría de Salud o de otra parte un comunicador de cifras y circunstancias de la pandemia, para lo que está la oficina de prensa departamental.

Esa es la verdad, se trata de una dependencia que, desde el principio, no tenía claramente definidas las funciones y por eso como ya se dijo, tenía ‘las manos atadas’.

De otra parte, la presidencia de la República decidió encargar de la gobernación al secretario de Infraestructura, Alen Jay, mientras la unión de partidos que inscribieron la candidatura del actual gobernador, Everth Hawkins, decide una terna, de la que, de nuevo la Presidencia deberá encargar, tal como dicta la norma. Para muchos analistas políticos de las islas, el encargo de Jay es tan acertado que deberían dejarlo y saltarse el paso de la terna, pero es una norma que hay que cumplir y desde luego que, si el nombre de Alen Jay estuviera en esa lista, se supone que así será, pues sería lógica su continuación. Por ahora la comunidad isleña se ‘salvó’ de los encargos de gobernadores externos, que como en el pasado inmediato llegaron a acomodar piezas administrativas a favor de los ‘intereses superiores’ de quienes desde Bogotá ejecutan negocios en el Archipiélago, pasando impunemente por encima de leyes y normas claramente establecidas. Con el nombramiento de Alen Jay, se cierra el paso a esa tendencia porque el próximo encargado, debe salir de la terna que envíe el grupo político dueño de los votos de Hawkins. De otra forma sería quebrantar la ley.

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Objeciones a la creación de Sociedad de Economía Mixta

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A pesar de haber sido aprobado por la Asamblea, en tercer debate, el proyecto para la creación de una empresa de Economía Mixta para el apoyo de las actividades asociadas al desarrollo de ‘un territorio inteligente y sostenible en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, cinco diputados presentaron un documento para pedirle al gobernador que se abstenga de sancionar la ordenanza.

Entre las observaciones que hacen los diputados Marcela Sjogreen, Margith Bandera Espitia, Carlos Carvajal, Abdu Handaus e Iván García, está la concesión de facultades pro tempore por un año para constituir la Sociedad de Economía Mixta ‘para el apoyo y transformación tecnológica de la Occre y la conversión del Archipiélago en un territorio Sostenible e Inteligente que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento en esta área’, para lo cual los diputados solicitantes observan que no se define el tipo de ‘apoyo’ y los alcances que va a brindar esta Sociedad. Además, que no se entiende la frase ‘que interactúe empresarialmente con las competencias que tiene el Departamento’, porque no permite precisar los alcances o a qué se refiere.

En muchos de los apartes del proyecto no se define con exactitud los alcances de las competencias de la empresa, de manera que no le reste autonomía a la Occre, que no tenga injerencia en los asuntos que le atañen y que se pueda garantizar la protección de datos, de igual manera con las demás dependencias del Departamento que fueron vinculadas en la modificación de la Ordenanza desde la Asamblea.

De otra parte, los diputados insisten en que es importante conocer las gestiones que el Departamento ha realizado para que, en convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil, se haya buscado mejorar la seguridad de la tarjeta y acceder a tecnología adecuada.

La vigencia a 30 años es otra de las observaciones pues, dicen, que “esto implica comprometer recursos del Departamento por este lapso. También da cuenta de la incompetencia del Estado para ejecutar sus recursos y desarrollar sus proyectos de inversión”, son entre otras las objeciones que se hacen al proyecto, al que, en teoría, solo le falta la firma del gobernador.

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Médicos piden vacunación masiva en San Andrés

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Vacunación masiva y preferencial de inmediato para San Andrés pidieron los médicos de San Andrés, de acuerdo con la carta dirigida al presidente de la República, Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

Las razones por las cuales se elevó la solicitud son, ante todo, “la situación especial de insularidad con una población de al menos 100.000 habitantes, población físicamente confinada en riesgo de alta infección de covid19, con limitaciones sanitarias y hospitalarias evidentes y que en este momento no se puede cerrar su única fuente económica como es el turismo”, dice la misiva.

Los firmantes aseguran que es una solicitud lógica, fácil y absolutamente necesaria que todo Colombia lo entenderá y agradecería, además que, es una determinación epidemiológica urgente.

La carta la firman Ricardo Villarreal G., Cesar Verbel M., William Fakhy S., Allan Bowie, Walt O’nell, German Campos G. y Richard Palacios.

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Demolición y cárcel para infractores pedirá veedor

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Avanza una acción popular para reparar errores de construcción y administrativos, de al menos 50 edificaciones en San Andrés que irrespetan las disposiciones urbanísticas establecidas para el sector, se violan las normas y todo esto degenera en el deterioro de la calidad de vida de las personas porque les afecta el entorno.

Uno de los errores más recurrentes es, generalmente, que se eleva una edificación superando la altura permitida.

Occre y Procuraduría

Hay casos paradójicos como los de los edificios donde funciona la Occre y la Procuraduría Departamental. Estas edificaciones fueron denunciadas, porque incumplen con el límite de construcción para ciertas áreas, como las medidas de aislamiento obligatorio, los espacios reservados para zonas verdes y para parqueadero.

Dentro de las acciones que están cursando se solicitó la demolición de estos inmuebles construidos al margen de la ley y se solicitará cárcel para los infractores, tanto para los funcionarios públicos que omitieron el grave error de permitir la construcción y además pagan para utilizarlos.

“Contrataron con el constructor ilegal y luego le pagan arriendo. Por el edificio de la Occre, presuntamente, se pagan 29 millones de pesos mensuales, siendo que el gobierno tiene cantidad de locales para ubicar a cero costos esa oficina. Por ejemplo, están los locales del Hotel Sunrise, en donde la SAE está rematando 18 oficinas en donde podría funcionar no solo la Occre sino otras entidades ahorrando un dinero que se necesita para inversión social”, aseguró el veedor Leandro Pájaro Balseiro.

Además, se habían evitado infringir tantas normas e incurrir en delito.

En esa acción popular ya se pasó la etapa de prueba como consta en el expediente virtual y ya se hizo la inspección.

En realidad, son más de 50 construcciones que han invadido flagrante, pública y notoriamente porque a simple vista se puede observar la incorrección. Estas edificaciones fueron levantadas a pesar de que la comunidad se opuso porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial y la Unidad de Planificación Insular.

En el caso del San Andrés Resort, se inspeccionó y los representantes legales y asesores jurídicos e ingenieros asistieron y dijeron que, si estaban cumpliendo con las disposiciones, pero es fácil constatar que no es cierto.

Esto claramente es un fraude al debido proceso, porque la orden se venció hace rato, porque desde antes de la acción popular y a solicitud de vecinos y circundantes ya había demanda por violación de normas,

En la actualidad no se está trabajando y lo único que hicieron fue despejar el andén que estaba invadido,

Pero persiste el estado ruinoso de dicha obra y al comisario de Policía en reiteradas ocasiones se le ha insistido para que dé la orden de demolición y corra los gastos al propietario de ese predio.

Green Moon

Este edificio es motivo de otra acción popular que se cursa ante el tribunal contencioso administrativo para la recuperación de estos bienes, para que el gobierno lo restaure y reubique allí a algunas oficinas de la administración, porque hay secretarías que están en hacinamiento.

“De los nuevos también hay algunos fuera de la ley. Hace como un mes y medio se realizó la inspección judicial ahora se verificarán y dan espacio para los alegatos de conclusión para reconfirmar las pretensiones en donde solicitaré la demolición total o parcial de todas estas edificaciones y cárcel para los infractores”, anunció el Veedor Pájaro Balseiro

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