A través de un comunicado oficial la gobernación denunció que la empresa operadora de los residuos sólidos está en deuda frente a los compromisos adquiridos de cerramiento perimetral, control ambiental para reducir los olores fétidos que emana la basura y las obras adicionales que deben hacerse para que funcione la planta RSU.
“El gobierno departamental requirió a la empresa encargada de operar el sitio de disposición final de basuras ‘Magic Garden’, ya que no ha cumplido con los compromisos estipulados en el contrato”, indica una comunicación oficial.
Según el documento el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman Ortiz, señaló que Interaseo debió cumplir con el cierre perimetral del sitio de disposición final de residuos sólidos, acabar con el tema de los malos olores, e implementar plantas de tratamientos de lixiviados y otros temas contractuales, contenidos a los que se le ha venido haciendo seguimiento, a través de la interventoría, por ello se hizo el requerimiento del caso.
Además, el funcionario recordó que a finales del presente mes se tendrá el operador que se encargará de la recolección de los residuos ferrosos, línea blanca y varios tipos de residuos sólidos. También se estará priorizando el manejo del punto verde y tener el próximo año el 100% de rutas diarias, y que realicen el barrido de los residuos especiales, ferrosos o peligrosos.
RSU
Frente al tema de la planta RSU, se indicó que se encuentra en un porcentaje de avance del 60% para su próxima operación por lo que se espera que, para el mes de enero del año próximo, este a punto.
Comienzo de la actual administración
En el mes de enero se realizó una visita funcionarios que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman, además de representantes del Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República.
La idea era conocer la situación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y analizar el avance de las actividades requeridas por el fallo del Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para la puesta en marcha y funcionamiento de la planta RSU, funcionarios realizaron una visita al Magic Garden.
Pasos jurídicos
Pero ocho años después se evidencia que nunca se prendió y que por el contrario quedó convertida en otro ‘elefante blanco’ de las islas.
Se recuerda que en mayo del 2019, el Consejo de Estado revocó una sanción de desacato contra el exgobernador, Ronald Housni y la exsecretaria de Servicios Públicos María Paola Vélez Sosa y ordenó al Tribunal Administrativo del departamento dar apertura a un nuevo incidente de desacato en contra del entonces gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal, el secretario de Servicios Públicos Johan Andrés Mancilla Fayllace y al representante legal de Sopesa Iván Bernardo Salcedo Hernández o a quien hiciera sus veces.
El caso tuvo que ver con el desacato a la orden del Tribunal Administrativo para evitar la vulneración de intereses colectivos por no estar en funcionamiento la Planta generadora de energía a partir de tratamiento de residuos o RSU, lo cual nunca se cumplió.
Además, el Tribunal Administrativo, mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015, acogió y atendió de esa manera la demanda de Acción Popular promovida por la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria, Ana Pechtalt, en contra de la Nación, Ministerio de Minas y Energía, Departamento Archipiélago, Coralina, EEdas y Sopesa.
En ese momento el Tribunal ordenó al Departamento Archipiélago, en calidad de prestador de servicio de aseo en el componente de disposición final y actividades complementarias, que ejecutara acciones administrativas ambientales y técnicas para reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de basuras sin tratamiento técnico en el Magic Garden.
De la misma manera se ordenó al departamento iniciar las operaciones de manera continua e ininterrumpida de la Planta RSU.
Como esa decisión se incumplió el Tribunal Administrativo el 23 de marzo de 2018 abrió el trámite incidental de desacato contra el entonces gobernador Ronald Housni Jaller y la secretaria de Servicios Públicos, María Paola Vélez Sosa.
El fallo impuso multa de 50 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes al gobernador Housni y de dos salarios a la secretaria de servicios públicos, lo cual tampoco se cumplió.
Ante esta situación el Consejo de Estado decidió ordenar al Tribunal la apertura del nuevo desacato contra el entonces gobernador encargado y secretario de Servicios Públicos y compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si la conducta de Ronald Housni y María Paola Vélez, podía constituir falta disciplinaria.
Ahora se espera que la administración de Everth Hawkins logre que con el apoyo del gobierno nacional se ponga la RSU al servicio con el fin de solucionar en gran parte la problemática del Magic Garden.