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Requerimiento de la gobernación a Interaseo

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A través de un comunicado oficial la gobernación denunció que la empresa operadora de los residuos sólidos está en deuda frente a los compromisos adquiridos de cerramiento perimetral, control ambiental para reducir los olores fétidos que emana la basura y las obras adicionales que deben hacerse para que funcione la planta RSU.

“El gobierno departamental requirió a la empresa encargada de operar el sitio de disposición final de basuras ‘Magic Garden’, ya que no ha cumplido con los compromisos estipulados en el contrato”, indica una comunicación oficial.

Según el documento el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman Ortiz, señaló que Interaseo debió cumplir con el cierre perimetral del sitio de disposición final de residuos sólidos, acabar con el tema de los malos olores, e implementar plantas de tratamientos de lixiviados y otros temas contractuales, contenidos a los que se le ha venido haciendo seguimiento, a través de la interventoría, por ello se hizo el requerimiento del caso.

Además, el funcionario recordó que a finales del presente mes se tendrá el operador que se encargará de la recolección de los residuos ferrosos, línea blanca y varios tipos de residuos sólidos. También se estará priorizando el manejo del punto verde y tener el próximo año el 100% de rutas diarias, y que realicen el barrido de los residuos especiales, ferrosos o peligrosos.

RSU

Frente al tema de la planta RSU, se indicó que se encuentra en un porcentaje de avance del 60% para su próxima operación por lo que se espera que, para el mes de enero del año próximo, este a punto.

Comienzo de la actual administración

En el mes de enero se realizó una visita funcionarios que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman, además de representantes del Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República.

La idea era conocer la situación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y analizar el avance de las actividades requeridas por el fallo del Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para la puesta en marcha y funcionamiento de la planta RSU, funcionarios realizaron una visita al Magic Garden.

Pasos jurídicos

Pero ocho años después se evidencia que nunca se prendió y que por el contrario quedó convertida en otro ‘elefante blanco’ de las islas.

Se recuerda que en mayo del 2019, el Consejo de Estado revocó una sanción de desacato contra el exgobernador, Ronald Housni y la exsecretaria de Servicios Públicos María Paola Vélez Sosa y ordenó al Tribunal Administrativo del departamento dar apertura a un nuevo incidente de desacato en contra del entonces gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal, el secretario de Servicios Públicos Johan Andrés Mancilla Fayllace y al representante legal de Sopesa Iván Bernardo Salcedo Hernández o a quien hiciera sus veces.

El caso tuvo que ver con el desacato a la orden del Tribunal Administrativo para evitar la vulneración de intereses colectivos por no estar en funcionamiento la Planta generadora de energía a partir de tratamiento de residuos o RSU, lo cual nunca se cumplió.

Además, el Tribunal Administrativo, mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015, acogió y atendió de esa manera la demanda de Acción Popular promovida por la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria, Ana Pechtalt, en contra de la Nación, Ministerio de Minas y Energía, Departamento Archipiélago, Coralina, EEdas y Sopesa.

En ese momento el Tribunal ordenó al Departamento Archipiélago, en calidad de prestador de servicio de aseo en el componente de disposición final y actividades complementarias, que ejecutara acciones administrativas ambientales y técnicas para reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de basuras sin tratamiento técnico en el Magic Garden.

De la misma manera se ordenó al departamento iniciar las operaciones de manera continua e ininterrumpida de la Planta RSU.

Como esa decisión se incumplió el Tribunal Administrativo el 23 de marzo de 2018 abrió el trámite incidental de desacato contra el entonces gobernador Ronald Housni Jaller y la secretaria de Servicios Públicos, María Paola Vélez Sosa.

El fallo impuso multa de 50 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes al gobernador Housni y de dos salarios a la secretaria de servicios públicos, lo cual tampoco se cumplió.

Ante esta situación el Consejo de Estado decidió ordenar al Tribunal la apertura del nuevo desacato contra el entonces gobernador encargado y secretario de Servicios Públicos y compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si la conducta de Ronald Housni y María Paola Vélez, podía constituir falta disciplinaria.

Ahora se espera que la administración de Everth Hawkins logre que con el apoyo del gobierno nacional se ponga la RSU al servicio con el fin de solucionar en gran parte la problemática del Magic Garden.

 

 

 

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Veedor Harold Bush, pidió a la CIDH que rechace las medidas cautelares que pidió el grupo AMEN

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Una solicitud de rechazo a los argumentos expuestos por el grupo AMEN – SD, para conseguir medidas cautelares a favor del gobernador Everth Hawkins, elevó el veedor Harold Bush ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.

El veedor Bush se refirió al petitorio de medida cautelar MC-899-2020 presentado por AMEN-SD y el pueblo étnico raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia.

“Solicito a la CIDH rechazar los argumentos y no otorgar medidas cautelares pedidas, por las razones que expuesto a continuación.

Soy miembro del pueblo étnico raizal de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en Colombia, veedor ciudadano y denunciante de muchísimos actos de corrupción por parte del gobierno del señor Hawkins, actos que más bien vulneran los derechos del pueblo étnico al negarles un mejor futuro y a un trato humano adecuado, en especial durante la presente pandemia del Covid19, trato que ha quedado corto por parte del Gobernador de las Islas señor Hawkins”,  dice en la primera parte el documento.

Bush calificó a AMEN-SD como un ente que actúa con fines políticos y textualmente señala que la razón de la invocación de la medida cautelar estaría dirigida a “que un presunto corrupto evada la justicia por sus presuntos actos de corrupción y utilice su condición étnica para que la CIDH lo socorre y/o lo exonere de sus obligaciones legales ante la justicia colombiana y ante el pueblo étnico raizal y el resto de isleños de San Andrés y Providencia”, agregó.

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Grupo AMEN -SD solicitó a la DIDH medidas cautelares a favor del gobernador Everth Hawkins

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El movimiento étnico raizal Archipiélago Movement for Ethnic Self-Determination -AMEN-SD- solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- medidas cautelares a favor del gobernador del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Sjogreen para que inste al Estado Colombiano para que adopte las medidas cautelares necesarias para preservar los Derechos Humanos y libertades fundamentales del mandatario.

De acuerdo con el documento se pide que la CIDH impida “el daño irreparable que ocasionaría una medida de aseguramiento privativa de la libertad que implica separación del cargo como gobernador a Hawkins, la afectación de los derechos políticos de éste y de los miembros del Movimiento MAPPA, el Partido Político Afrodescendiente Colombia Renaciente y demás miembros de la Coalición “Todos por un Nuevo Comienzo” que avalaron la candidatura de Everth Hawkins a la Gobernación, en consecuencia, la afectación de los derechos políticos del Pueblos Raizal, y residentes del Archipiélago, así como los derechos a la salud y la vida de los miembros del Pueblo Raizal y los ciudadanos del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señala el documento.

La solicitud redunda para que se adopten las medidas idóneas, necesarias y oportunas por parte del Estado colombiano, encaminadas a “reforzar las garantías judiciales mínimas del gobernador y miembro del Pueblo Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Everth Hawkins a la competencia, igualdad e imparcialidad, y demás derechos de que trata la Constitución Política de Colombia, especialmente, aquellos relacionados con la Interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos en armonía con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Convención Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas”, se solicitó como espíritu del documento.

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Falleció paciente por Covid-19 esperando una cama UCI

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Luego de permanecer hospitalizado desde el pasado mes de agosto, falleció este viernes un adulto mayor por covid-19 en el Hospital Clarence  Lynd Newball de San Andrés. El paciente de 73 años de edad, de sexo masculino, presentaba otras comorbilidades acentuadas al dar positivo para el coronavirus.

Ante la gravedad de su estado, solo hasta el día de ayer se solicitó el traslado por parte del cuerpo médico a la Nueva EPS. “De inmediato se activaron los protocolos para conseguir una cama UCI disponible en los centros médicos adscritos a la red de la Nueva EPS en el interior del país, los cuales son administrados por los CRUE locales”, confirmaron desde la Oficina de Comunicaciones de la Nueva EPS.

La ciudad con más viabilidad para el traslado era Medellín, sin embargo, pese a las gestiones de los directivos en conjunto con sus familiares, no fue posible encontrar disponibilidad de cama y el paciente falleció hacia las 12 del medio día.

Se espera la confirmación de los nexos con otros dos fallecidos días antes, lo que significaría la muerte de tres miembros de una misma familia en San Andrés.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud del Archipiélago, este sería el fallecido número 12 por Covid-19 en la Isla de San Andrés y se espera la confirmación de otro fallecido por parte del Instituto Nacional de Salud.

 

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