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Requerimiento de la gobernación a Interaseo

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A través de un comunicado oficial la gobernación denunció que la empresa operadora de los residuos sólidos está en deuda frente a los compromisos adquiridos de cerramiento perimetral, control ambiental para reducir los olores fétidos que emana la basura y las obras adicionales que deben hacerse para que funcione la planta RSU.

“El gobierno departamental requirió a la empresa encargada de operar el sitio de disposición final de basuras ‘Magic Garden’, ya que no ha cumplido con los compromisos estipulados en el contrato”, indica una comunicación oficial.

Según el documento el secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman Ortiz, señaló que Interaseo debió cumplir con el cierre perimetral del sitio de disposición final de residuos sólidos, acabar con el tema de los malos olores, e implementar plantas de tratamientos de lixiviados y otros temas contractuales, contenidos a los que se le ha venido haciendo seguimiento, a través de la interventoría, por ello se hizo el requerimiento del caso.

Además, el funcionario recordó que a finales del presente mes se tendrá el operador que se encargará de la recolección de los residuos ferrosos, línea blanca y varios tipos de residuos sólidos. También se estará priorizando el manejo del punto verde y tener el próximo año el 100% de rutas diarias, y que realicen el barrido de los residuos especiales, ferrosos o peligrosos.

RSU

Frente al tema de la planta RSU, se indicó que se encuentra en un porcentaje de avance del 60% para su próxima operación por lo que se espera que, para el mes de enero del año próximo, este a punto.

Comienzo de la actual administración

En el mes de enero se realizó una visita funcionarios que hicieron presencia en el lugar, entre ellos el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Delford Brackman, además de representantes del Ministerio de Vivienda y Presidencia de la República.

La idea era conocer la situación del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y analizar el avance de las actividades requeridas por el fallo del Tribunal Administrativo de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para la puesta en marcha y funcionamiento de la planta RSU, funcionarios realizaron una visita al Magic Garden.

Pasos jurídicos

Pero ocho años después se evidencia que nunca se prendió y que por el contrario quedó convertida en otro ‘elefante blanco’ de las islas.

Se recuerda que en mayo del 2019, el Consejo de Estado revocó una sanción de desacato contra el exgobernador, Ronald Housni y la exsecretaria de Servicios Públicos María Paola Vélez Sosa y ordenó al Tribunal Administrativo del departamento dar apertura a un nuevo incidente de desacato en contra del entonces gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal, el secretario de Servicios Públicos Johan Andrés Mancilla Fayllace y al representante legal de Sopesa Iván Bernardo Salcedo Hernández o a quien hiciera sus veces.

El caso tuvo que ver con el desacato a la orden del Tribunal Administrativo para evitar la vulneración de intereses colectivos por no estar en funcionamiento la Planta generadora de energía a partir de tratamiento de residuos o RSU, lo cual nunca se cumplió.

Además, el Tribunal Administrativo, mediante sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015, acogió y atendió de esa manera la demanda de Acción Popular promovida por la Procuradora Judicial Ambiental y Agraria, Ana Pechtalt, en contra de la Nación, Ministerio de Minas y Energía, Departamento Archipiélago, Coralina, EEdas y Sopesa.

En ese momento el Tribunal ordenó al Departamento Archipiélago, en calidad de prestador de servicio de aseo en el componente de disposición final y actividades complementarias, que ejecutara acciones administrativas ambientales y técnicas para reducir el impacto ambiental que genera la acumulación de basuras sin tratamiento técnico en el Magic Garden.

De la misma manera se ordenó al departamento iniciar las operaciones de manera continua e ininterrumpida de la Planta RSU.

Como esa decisión se incumplió el Tribunal Administrativo el 23 de marzo de 2018 abrió el trámite incidental de desacato contra el entonces gobernador Ronald Housni Jaller y la secretaria de Servicios Públicos, María Paola Vélez Sosa.

El fallo impuso multa de 50 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes al gobernador Housni y de dos salarios a la secretaria de servicios públicos, lo cual tampoco se cumplió.

Ante esta situación el Consejo de Estado decidió ordenar al Tribunal la apertura del nuevo desacato contra el entonces gobernador encargado y secretario de Servicios Públicos y compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que establezca si la conducta de Ronald Housni y María Paola Vélez, podía constituir falta disciplinaria.

Ahora se espera que la administración de Everth Hawkins logre que con el apoyo del gobierno nacional se ponga la RSU al servicio con el fin de solucionar en gran parte la problemática del Magic Garden.

 

 

 

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Segun la Unal, San Andrés se hundiría hasta tres metros en los próximos años

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El paso del huracán Iota por la isla de San Andrés el 16 de noviembre de 2020 no solo dejó daños de infraestructura, que en su mayoría ya fueron reparados. Científicos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) revelaron en un estudio que la isla podría inundarse hasta tres metros.

Los expertos advirtieron en su estudio tres grandes riesgos estructurales tras el paso de un huracán: los vientos, las inundaciones costeras y las inundaciones urbanas.

Andrés Fernando Osorio Arias, magister y doctor en Ciencias y Tecnologías Marinas, profesor de la UNAL y director del Grupo de Investigación en Oceanografía e Ingeniería Costeras (Oceánicos), explicó que se produjo vulnerabilidad costera, debido a los huracanes que llegan por el este y sureste de la isla.

“Hay zonas donde se presentan inundaciones con olas y con aumento del nivel del mar que pueden generar inundaciones en la costa, en la playa de hasta tres metros. Esto significa que cualquier vivienda será inundada”, explicó el investigador al medio radial.

Osorio alertó que la isla de San Andrés no tiene un sistema óptimo de desagües de lluvias, lo que según su análisis, no permite evacuar las cantidades de agua que puedan caer en un huracán. “De hecho, ni siquiera en un momento de lluvia intensa. Por ejemplo, en las zonas urbanas, se han registrado inundaciones de hasta un metro”, acotó.
En relación con la isla de Providencia, el experto explicó que “no es tan grave” debido a que no hay “tanta pavimentación de vías y construcción de viviendas y demás”.
Sobre los fuertes vientos, considerada una de las mayores amenazas en las dos islas con el paso de un huracán, sostienen los científicos de la UNAL que habría una alta vulnerabilidad representada en un 70% en San Andrés y un 90% en Providencia.
“El viento huracanado tanto en San Andrés y Providencia y cualquier isla en el Caribe, si pasa un huracán categoría cinco, con vientos de más de 200 km/h, casi que no hay nada que hacer frente a la infraestructura”, apuntó Osorio.
El 16 de noviembre del 2020 los vientos de 250 kilómetros por hora del huracán Iota golpearon las islas de San Andrés y Providencia, y provocaron una destrucción masiva.
En Providencia y Santa Catalina, el 98 % de la infraestructura fue afectada y la Cruz Roja reportó unos 700 damnificados en San Andrés.
La devastación que dejó el huracán se sumó a los daños que había dejado el paso del huracán Eta por las islas entre el 2 y el 3 de noviembre de ese mismo año.
Tomado de: Revista Semana

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Procuraduría investigará a los funcionarios públicos que están participando en campañas políticas

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, como cabeza del Ministerio Público y en calidad de presidenta de la Comisión Nacional de Control Electoral, advirtió que continuará vigilando el cumplimiento de las normas que prohíben la participación en política de servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución y la ley “sin dejarse distraer por provocaciones externas”.

La jefe del Ministerio Público pidió a los actuales gobernadores y alcaldes abstenerse de realizar actos de política partidista que pongan en riesgo las garantías del electorado, y recordó a los mandatarios territoriales, quienes ocupan sus cargos como producto de una elección en la que participaron en representación y avalados por una organización política, que ello “no los exonera de cumplir con las normas establecidas para la salvaguarda del equilibrio debido en todo el proceso electoral”.

La Procuradora agregó que las normas que prohíben la participación en política son de conocimiento pleno por parte de los mandatarios territoriales, así como las consecuencias derivadas de su transgresión.

“Los servidores públicos elegidos por voto popular deben lealtad a la confianza que los electores les han conferido, y están en la obligación de acatar las restricciones contempladas en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, que les impide intervenir en política. Como Procuraduría actuamos y actuaremos sin distinciones, en ejercicio de nuestra función disciplinaria”, puntualizó la Procuradora Margarita Cabello Blanco.

Prohibiciones para los funcionarios públicos en época electoral

La jefe del Ministerio Público recordó que los funcionarios públicos no pueden hacer política y mencionó las prohibiciones plasmadas en la Directiva 016 de 2021.

1.No utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política.

2. No acosar, presionar, o determinar en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

3. Evitar usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.

4. No usar, con los mismos fines, información reservada a la cual tengan acceso por razón de su cargo.

5. No exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política.

6. No disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.

7. No realizar contribución al financiamiento de partidos, campañas, o causa política, salvo las excepciones previstas para los miembros de las corporaciones públicas.

8. No difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión, y de radio o imprenta pública.

9. No ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato o indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

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Fuerza Aerea entregó un parque y zona de alimentación al colegio Brooks Hill

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Gracias al Plan Corazón Amigo que se ha venido implementado en su Fuerza Aérea Colombiana, hoy se ha llegado a una de las zonas más necesitadas de San Andrés, haciendo entrega de la remodelación de la zona recreativa y de alimentación en el colegio Brooks Hill ubicado en el sector de La Loma.

Este proyecto de Infraestructura consistió en la remodelación del parque y el kiosco los cuales fueron donados hace 10 años por su Fuerza Aérea Colombiana para beneficio de todos los estudiantes y que, a través del tiempo, sufrieron deterioro debido al uso y a las condiciones ambientales.

En el sitio se contó con la presencia de la Secretaria de Educación del Departamento, Lucila Morelos Páez, quien hizo el corte de la cinta inaugural; la Rectora del Colegio, la Señora Edelmira Archbold Hawkin; el Comandante Encargado del Grupo Aéreo del Caribe, Señor Teniente Coronel Luis Fernando Coral Patarroyo; los padres de familia, y los niños del colegio quienes fueron los directamente beneficiados.

Gracias a esta remodelación, se logró adecuar los espacios para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades lúdicas y recreativas en un lugar seguro, y además, realicen la compra de los alimentos que contribuyen en su crecimiento.

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