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Siguen ‘premiando’ al controvertido contratista Héctor Hernando Castellanos, a quien se le adjudicó la construcción de la nueva sede del Canal Teleislas

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Más dudas que certezas con esta obra de $14 mil millones

La construcción de la nueva sede del canal Teleislas se venía proyectando desde la gerencia de Emiliana Bernard y finalmente el contrato se adjudicó a Héctor Hernando Castellanos, constructor valluno que a pesar de su controversial presencia en el Archipiélago, comenzando por la presunta ilegal obtención de su tarjeta de residencia, hecho que le costó el cargo a una exdirectora de la Oficina de Control de Circulación y Residencia -Occre- y de investigaciones en su contra por parte de la Contraloría, sigue tan campante recibiendo contratos como este de más de 14 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información suministrada por Richard Francis, actual gerente del Canal Regional Teleislas, en entrevista concedida al programa San Andrés News de El Extra Radio On Line, se abrió el proceso de licitación para contratar esta obra el 5 de octubre de 2023 con un presupuesto oficial de $14.200 millones de pesos.

El Ministerio de las TIC informó que se recibieron 47 observaciones y solicitudes de aclaración por parte de interesados en el proceso de selección, incluyendo personas naturales y algunas empresas del sector de la construcción. Los pliegos definitivos se publicaron el 24 de octubre y se recibieron comentarios hasta el 27 de octubre, de acuerdo con el cronograma de los términos de referencia definitivos.

Agrega la información de Mintic que las respuestas a estos comentarios y la expedición de las adendas que correspondan se hizo el 31 de octubre, para que los interesados en participar tuvieran hasta el 7 de noviembre para presentar sus ofertas y que la adjudicación del proceso se haría el 17 de noviembre y una vez firmada el acta de inicio, el contratista dispondrá de 14 meses para la construcción de la sede, es decir que la edificación debe ser entregada en enero de 2025.

El ganador de la licitación fue Héctor Hernando Castellanos y el Gerente de Teleislas, Richard Francis Beltrán, ratificó lo informado por Mintic y además dijo que se presentaron solo dos proponentes de la isla.

“Eso es bueno para el departamento porque los recursos que se pagarán por esta obra quedarán circulando en las islas, además que se genera empleo”, dijo Francis, desconociendo que la empresa de Castellanos tiene sede en Cali y que los recursos realmente circularán en el Departamento del Valle y muy poco en las islas.

Controversial contratista

Héctor Hernando Castellanos Zuluaga, es un contratista valluno ampliamente conocido en el Archipiélago desde su llegada a las islas tras haber ganado la licitación para la construcción de infraestructura deportiva con motivo de los Juegos Nacionales de 2008 que se llevaron a cabo en varias subsedes entre ellas San Andrés y Providencia.

En ese momento histórico el gobierno y Coldeportes asignaron recursos por cerca de 30 mil millones de pesos para infraestructura deportiva en el Archipiélago, sede de los XVIII Juegos Deportivos Nacionales, que se llevaron a cabo del 23 de noviembre al 7 de diciembre de 2008.

Ese aporte debía invertirse en la construcción de cuatro estadios en San Andrés, béisbol, sóftbol, baloncesto y fútbol y en Providencia se remodelaría el estadio de béisbol y el coliseo de Casabaja.

Castellanos ganó esa licitación y desde ese momento su presencia en las islas ha sido cuestionada por mala calidad de las obras, algunas de ellas entregadas inconclusas, no existe coincidencia entre el objetivo de los contratos y lo que entrega, este contratista, entre otros.

Esas obras ‘a medias’ fueron la carta de presentación de Castellanos que se vio enfrentado a la Contraloría que lo llamó a dar cuenta de lo que hizo con el contrato 2080366 del 27 de febrero de 2008.

Este documento ordenaba la construcción del coliseo de baloncesto de San Luis, con un monto de más de cinco mil millones de pesos y que de acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, las irregularidades iban desde la diferencia de valores cotizados y que dejó como resultado una obra mediocre que la Contraloría evaluó en cerca de mil 500 millones en pérdidas, porque, entre otras cosas se instalaron en el techo elementos de hierro que muy pronto se oxidaron y se deterioraron por la salinidad que no se calculó.

Tampoco coincidieron las cantidades de obra que aparecían en el contrato, comparado con lo que entregó Castellanos y su consorcio Órbita Fútbol, en relación con los trabajos de construcción de la tribuna del estadio de Fútbol de San Andrés por la que recibió el contratista cerca de 5.500 millones de pesos.

Pero, el problema causado por Castellanos fue mayor, porque las obras no fueron entregadas a tiempo para la edición XVIII de los Juegos Nacionales y alegó que los recursos no eran suficientes y que se debía adicionar el faltante, fenómeno que ocurre frecuentemente con los contratos que se le asigna a Castellanos.

La tarjeta Occre de residencia

Otro de los puntos oscuros del contratista Castellanos es la forma como adquirió la tarjeta de residencia Occre porque la directora de la Occre en ese momento, Bielka Isadora Hudgson Livingston, acusada de corrupción, tuvo que pagar no solo con su prestigio, si no con destitución e inhabilitación para trabajar en el sector público por más de una década, debido a que fue ella la que expidió de forma irregular la tarjeta de residente a Castellanos, curiosamente la directora de la Occre resultó ‘castigada’, pero el contratista no, a pesar de que se benefició con la irregularidad.

En la normatividad colombiana la sanción debe ser tanto ‘para el que da como para quien recibe’, pero en este caso no, porque Castellanos que era parte principal del presunto hecho de corrupción, no tuvo ningún inconveniente, lo que se suma a la falta de idoneidad en la ejecución y entrega de obras, la forma como vendió en un día sus propiedades en San Andrés para insolventarse en caso de que la justicia fallara en su contra y le decretaran extinción de dominio y la forma como adquiere predios que después arrienda a entidades oficiales, entre otras ‘bellezas’, pero no hay autoridad que investigue, y por el contrario el Archipiélago lo ‘premia’ asignándole contrato tras contrato como si no hubiera alternativas en este departamento.    

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Aprobados Proyectos Clave por $5.000 Millones: Avances Significativos para San Andrés y Providencia

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En la más reciente sesión de la Comisión Intersectorial para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se dio luz verde a proyectos significativos con una inversión total que supera los $5.000 millones. Destacan iniciativas clave, como el impulso a la seguridad alimentaria, la construcción de un polideportivo en el barrio Tablitas de San Andrés y la mejora de la pista de patinaje en Providencia.

Durante este espacio fue aprobado un proyecto liderado por el Ministerio del Interior, cuyo propósito es fortalecer la agricultura tradicional y asegurar la soberanía alimentaria y nutricional del Archipiélago. Con una inversión inicial que supera los $2.000 millones, este proyecto subraya el compromiso firme hacia un desarrollo sostenible en la región, consolidando así un paso crucial hacia el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Las autoridades locales expresaron su respaldo a este proyecto, con la aprobación del gobernador Nicolás Gallardo, la alcaldesa (E) de Providencia, Debbie Archbold, el subdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y la subdirectora General de Prosperidad Colombia, Sally Ann García. Este paso consolidará esfuerzos para impulsar el crecimiento y el bienestar en el Archipiélago.

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La SAE pretende, sin argumentación y desconociendo una concesión hasta 2034, que Transmarsyp entregue su sede y muelle en Cartagena

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1Lo primero que se debe observar en esta solicitud de entrega real, material del bien inmueble en Cartagena de donde salen las mercancías para las islas, es que si esto ocurre la afectación de llegada de productos de primera necesidad a San Andrés y Providencia se afectaría sensiblemente.

Pero la Resolución existe, aunque en el texto no hay argumentación o explicación clara sobre el porqué la SAE exige que Transmarsyp entregue las instalaciones.

La única explicación es escueta, no tiene fundamentación, pues se lee en la notificación que “así las cosas y siempre que corresponde a esta Entidad propender por la productividad social de los activos entregados para su administración, la ocupación irregular que usted ejerce ha impedido la correcta administración del inmueble, siendo imperativo que usted realice la entrega voluntaria en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir del recibo de esta comunicación”.

Milton Meza – Gerente de Transmarsyp

Cómo se observa la SAE habla de ‘propender por la productividad social de los activos, eso quiere decir que desconocen que Transmarsyp paga más de 20 millones de pesos mensuales de arriendo y además como productividad social debe tenerse en cuenta que desde allí se presta el servicio de transporte se los productos básicos de la canasta familiar de los isleños.

Definitivamente no se entiende la solicitud de la Resolución que deja ver a las claras que la persona de la SAE que redactó el documento desconoce la realidad de la manera como se llevan los productos a San Andrés y Providencia.

Más que nada hay productividad social porque según el representante legal de la transportadora marítima, Milton Meza, “el 80 por ciento de lo que pasa por estas instalaciones llega a la isla de San Andrés, en el momento en que ellos hagan la parte de su proceso, prácticamente el transporte se va a paralizar.

El impacto va a ser muy grande para la isla, ellos -la SAE-, de pronto no saben, ni les importará, pero el impacto va a ser muy grande para la comunidad isleña”.

Contrato que se pretende desconocer

El contrato está firmado por Luis Carlos Ordosgoitia Santa, como gerente general del Instituto Nacional de Concesiones -INCO y por Gonzalo Howard Davis, gerente de la Sociedad Portuaria de Transportes Marítimos de San Andrés y Providencia S.A., el 16 de agosto de 2006 y en el documento se estipula que la concesión es a treinta años, con cobros mensuales por concepto de arriendo de más de 20 millones de pesos, cifra que se ha pagado puntualmente, lo cual descarta también la idea de que el inmueble no ha sido rentable como lo quieren hacer ver.

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$21 mil millones para fortalecer la pesca artesanal sostenible en Providencia

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Para proteger las tradiciones de la pesca artesanal sostenible y mejorar la soberanía alimentaria de las familias que dependen de esta actividad y de la agricultura cooperativa, el Gobierno del Cambio anunció para Providencia $21 mil millones.

Los recursos serán utilizados en la construcción de navieras, a cargo de la empresa estatal Cotecmar, buscando preservar las tradiciones de pesca y otras costumbres ancestrales de estos pueblos.

La medida se acordó en un encuentro con las asociaciones pesqueras Agroprovidencia, Fish and Farm, Pesproislas, IFish y Asopesboth.

Desarrollar la industrialización de la pesca en manos de los raizales y eliminar la intermediación, implica construir rutas comerciales y el uso de otro tipo de embarcaciones, esta fue la orientación del mandatario en un encuentro con líderes y lideresas de la isla.

La ministra de agricultura, Jhenifer Mojica, aseguró que sí se puede hacer una transición en la pesca que proteja la biodiversidad y le haga frente al cambio climático garantizando la dignificación de esta actividad.

“Cuando hablamos de Pacto de la Pesca de la Vida es porque la vida incluye a todos los que viven de ella. Hay que reconocer que las prácticas sostenibles deben tener un mayor valor”, aseguró en el encuentro que sostuvo con las comunidades raizales en este encuentro.

También se anunciaron acciones para el programa Hambre Cero que busca potenciar la soberanía alimentaria en este territorio, a través del trabajo conjunto con las cooperativas de familias pescadoras.

“Cuando decimos una pesca sostenible, da la sensación de que es solamente una discusión ambiental, parece que hay un desligue del tema social. Nuestra razón de ser tiene que promover, propiciar y proteger a las comunidades pescadoras”, advirtió la funcionaria.

Primera oficina de la Aunap en la isla

La oficina de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca abrió sus puertas en San Andrés para atender los requerimientos de los pescadores raizales frente a la protección de su actividad, la soberanía alimentaria de sus familias y el desarrollo de las cadenas productivas que inician desde las faenas pesqueras ejercidas por mujeres y hombres raizales.

“Nuestro propósito es claro: ejecutar una política pesquera y acuícola que promueva la investigación, el ordenamiento, la administración y la vigilancia de los recursos pesqueros de Colombia. En la Aunap, contribuimos activamente a la seguridad alimentaria del país mediante prácticas responsables de producción y una competitividad sostenible”, dijo la nueva directora Karen Mejía Piñeres.

A la inversión del Minagricultura se suman $10 mil millones para ejecutar proyectos de soberanía alimentaria: obras de rehabilitación de la represa del Bowden, desarrollo productivo agrícola y dotación de elementos en el terminal pesquero de San Andrés, anunciados por la Agencia de Desarrollo Rural, así como medidas de ordenamiento del suelo rural, y del recurso pesquero que protejan el territorio raizal._

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