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“Subsidios del sector energético deben llegar a quienes realmente lo necesitan”, pide el Contralor General
El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reveló las conclusiones de un estudio del ente de control sobre “Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024” y subrayó la imperiosa necesidad de
establecer ajustes para garantizar que estos subsidios se destinen a quienes realmente lo necesitan y, también, de evaluar temas como la actual estratificación, ya que como está, no parece ser la mejor forma para su asignación.
La Contraloría Delegada de Minas y Energía elaboró este estudio sectorial, que deja claro que los subsidios han sido deficientes en su otorgamiento, sostenibilidad, mejora de la calidad y aumento de la cobertura, en detrimento de las finanzas públicas y de los servicios que se pretenden garantizar en el periodo de estudio y a futuro.
Partiendo de las conclusiones de este estudio, al instalar un Foro sobre el tema, el Contralor Rodríguez Becerra, consideró que hay cuatro problemas recurrentes y estructurales en los esquemas de subsidios a tarifas a los que se debe dar prioridad:
- Inadecuada focalización. Los subsidios no llegan a quienes realmente los necesitan, por lo cual se deben minimizar los errores de inclusión y exclusión. La actual estratificación no se considera la mejor forma para su asignación y se debe avanzar con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación.
- Sostenibilidad. El esquema de subsidios requiere seguimiento y ajustes constantes que incorporen el principio de sostenibilidad fiscal del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos -FSSRI.
- Controles efectivos. Es indispensable verificar la destinación de los recursos mediante solicitudes de información y visita, así como reactivar las auditorías a los agentes involucrados por parte del Ministerio de Minas y Energía. También se requiere fortalecer el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) y su uso en la conciliación o validación de las asignaciones de recursos del fondo de solidaridad FSSRI.
- Medición de impacto: Se hace necesario medir los resultados y alinear el esquema de subsidios con señales de eficiencia energética, el desincentivo de la cultura de no pago, y los incentivos a las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
“Es fundamental que el Ministerio de Minas y Energía, agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure que las acciones de mejora pendientes se lleven a cabo de manera puntual”, subrayó el jefe del organismo de control.
Deuda por subsidios
En lo relacionado con el pago de subsidios, el Contralor General recordó que se está adelantando una mesa de trabajo conjunta con la Procuraduría General y los Ministerio de Minas y de Hacienda ante la preocupación del ente de control por la afectación de la mora en giros de subsidios, pues esto está relacionado con la seguridad energética del país, tema que fue objeto de una función de advertencia al Ministerio de Minas y Energía, a la que se le realiza seguimiento.
Así mismo, la Contraloría ha emitido múltiples alertas entre los años 2024 y 2025 relacionadas con las implicaciones del no pago de subsidios para los usuarios y las consecuencias de la mora en giros de estos, ya que esto afecta a las empresas, en su mayoría públicas, para continuar operando y prestar el mejor servicio a los usuarios, quienes finalmente resultan afectados por los posibles impactos en las tarifas, en especial aquellos de los estratos 1, 2 y 3.
A diciembre de 2024 la deuda con los prestadores del servicio de energía eléctrica ascendía a $2,7 billones, hecho que afecta las finanzas de las empresas, destinatarias de los giros de subsidios, lo que podría llevar al desmonte de subsidios y con ello a aumentos en las tarifas, comprometiendo el acceso al servicio para las personas más vulnerables.
Dijo el Contralor que, si bien se anunció la apropiación de recursos para pagar los subsidios pendientes desde 2024 para el 96% de las empresas de energía y gas, la apropiación y ejecución debe ser anual y en la respectiva vigencia ya que estos cubren necesidades periódicas y de valores predecibles.
Para el Contralor, preocupa especialmente el anuncio de la suspensión del servicio de gas a 15 municipios de Boyacá por las dificultades económicas que enfrenta Enercer S.A., empresa que presta el servicio a esos municipios, debido a los incumplimientos de pagos de subsidios del Estado; es necesario evitar que está situación se extienda a otras regiones del país.
La Contraloría General de la República ha alertado en varias oportunidades el deterioro que presenta la Seguridad Energética del país y la posibilidad de que la situación sea más comprometedora en el mediano plazo, si no se toman medidas al respecto, que generarían mayores costos para el Estado.
Otras conclusiones del estudio de la CGR sobre subsidios en el sector energético son las siguientes:
Entre 2014 y 2024, los fondos de solidaridad FSSRI, de energía social FOES y de estabilización de precios de combustibles FEPC gestionaron recursos significativos, incluyendo $25,3 billones para subsidios eléctricos y $2,43 billones para las denominadas zonas no interconectadas. Sin embargo, las necesidades de subsidios crecieron un 44% en los últimos 10 años, superando los
incrementos en la demanda de energía y en los recursos del Presupuesto General de la Nación.
En la última década la Contraloría General ha adelantado más de 20 auditorías y actuaciones especiales que han evidenciado, por medio de hallazgos, presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190 mil millones asociados a la gestión de los subsidios.
Las principales debilidades administrativas (u oportunidades de mejora) y riesgos identificados a partir de estos resultados y hallazgos de las actuaciones y estudios de la CGR son: Falta de supervisión y control efectivos; Inconsistencias en la información; Incumplimiento de normas por parte de las empresas; Riesgos de pérdida de recursos; Deficiencias en el proceso de validación; Deficiente coordinación interinstitucional; Desarticulación entre dependencias del Ministerio de Minas y Energía; Incumplimiento de
procedimientos; e Ineficiencia en inversiones adelantadas para ahorro de energía.
La persistencia de hallazgos en el plan de mejoramiento del Ministerio de Minas y Energía, algunos con hasta 10 años sin la aplicación de medidas correctivas efectivas, especialmente aquellos relacionados con el sistema de liquidación de recursos y la verificación de los subsidios, tiene graves implicaciones para la gestión de estos recursos. La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los
subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en el sector eléctrico.
A estos problemas de sostenibilidad y gestión se le suma el hecho de que, en algunos años, los subsidios han sido financiados con títulos de deuda pública por un valor de $2,92 billones, mientras que los déficits acumulados en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) alcanzaban a 2024 los $112 billones.
En el sector de gas combustible, aunque entre 2014 y 2023 se logró ampliar la cobertura un 65%, persisten retos significativos, como retrasos en los pagos de subsidios a las empresas, que afectan su flujo de caja y ponen en riesgo la prestación del servicio.
Y se destaca también el impacto del contrabando técnico de combustibles líquidos que deben ser destinados a zonas de frontera y se venden en el interior, un problema que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Minas, sigue afectando los resultados del esquema de subsidios.
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Procuraduría investiga e ex Gobernadores de San Andrés por presunto incumplimiento en fallo de tutela: Nicolás Gallardo le respondió a la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores del Archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026), por el presunto incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba adoptar medidas para mitigar los efectos de la sobrepoblación y garantizar condiciones adecuadas de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la administración de Everth Hawkins se habrían omitido acciones necesarias para cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, particularmente en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), el control de construcciones ilegales y barrios subnormales, así como la regulación del crecimiento del parque automotor.
En cuanto a Nicolás Gallardo, la Procuraduría cuestiona el presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas específicamente con el control del ingreso y crecimiento de vehículos, motocicletas, mulas y carros de golf en el departamento.
LA RESPUESTA DE NICOLÁS GALLARDO
Tras conocerse la formulación de cargos, en un documento de respuesta se relacionaron las actuaciones adelantadas durante la administración de Nicolás Gallardo para atender la problemática del crecimiento del parque automotor.
Entre las acciones expuestas se encuentra la realización del censo vehicular de 2024 y la presentación ante el Tribunal Administrativo de un informe comparativo entre los censos de 2017 y 2024, en el que se evidenció un incremento del 8,75 % del parque automotor durante ese periodo.
Asimismo, se indicó que la administración solicitó al Tribunal Administrativo una medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Esta petición fue acogida mediante auto del 26 de mayo de 2025, que ordenó la restricción por un periodo de tres meses.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, se solicitó una prórroga de dicha medida por dos años. Sin embargo, mediante auto del 6 de abril de 2026, el Tribunal negó la solicitud.
El documento también señala que el 2 de junio de 2026 la administración volvió a acudir al Tribunal para reiterar la necesidad de adoptar medidas de regulación del ingreso vehicular.
Adicionalmente, se informó sobre una solicitud formal presentada ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el Archipiélago, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad.
- Carta del Ex Gobernador Nicolás Gallardo en respuesta a la Procuraduría



SIN PRONUNCIAMIENTO CONOCIDO DE EVERTH HAWKINS
En el caso del exgobernador Everth Hawkins, hasta el momento no se conoce una respuesta pública frente a los señalamientos formulados por la Procuraduría en este proceso disciplinario.
La entidad calificó provisionalmente las faltas atribuidas a ambos exmandatarios como graves, a título de culpa grave.
El proceso disciplinario deberá continuar su curso para determinar las responsabilidades correspondientes, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados.
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Procuraduría envió a juicio disciplinario al exsecretario de Infraestructura Cristian Cañón quien habría ejercido el cargo estando inhabilitado
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024 -2026), Cristian Fernando Cañón Bernal, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.
Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la corporación autónoma Cardique.
La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.
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Armada Nacional capturó 44 hondureños por pesca ilegal en aguas del Archipiélago
La Armada Nacional, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capturó a 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, en inmediaciones de isla Cayo Serranilla, al norte del archipiélago. Durante la operación fueron incautadas 20 embarcaciones menores, equipos de buceo y 241 kilogramos de recursos marinos.
El procedimiento se inició cuando el buque de la Institución Naval detectó una embarcación pesquera que operaba como buque nodriza y desde la cual se desplegaban embarcaciones menores, conocidas como pangas, para realizar faenas de pesca. Tras verificar con la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de San Andrés, se estableció que la embarcación no contaba con autorización para ingresar a aguas colombianas ni para desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros.

Al advertir la presencia de la Armada Nacional, el pesquero emprendió la huida y abandonó en el sector a las personas que se encontraban en las pangas. Ante esta situación, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las embarcaciones y sorprendió en flagrancia a los 44 extranjeros mientras realizaban actividades de pesca con equipos de buceo y transportaban recursos marinos.
Posteriormente, en el muelle de The Cove, en San Andrés, se realizó la inspección y verificación del material incautado, con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca. El procedimiento permitió establecer que transportaban 142 kilogramos de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de peces de diferentes tamaños, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

También fueron incautadas 20 pangas, 143 tanques de buceo, manómetros y otros elementos utilizados para la extracción de especies marinas.
Migración Colombia adelantó las verificaciones de identidad y situación migratoria de los 44 ciudadanos hondureños. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.
Esta operación se suma a los controles realizados recientemente en inmediaciones de isla cayo Serranilla, donde unidades de Guardacostas efectuaron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera ubicada fuera del mar territorial colombiano, en la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, hasta que salió de dicha área e ingresó a aguas hondureñas.
Estas acciones buscan proteger los ecosistemas de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad marina. Sus arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares son fundamentales para la conservación de numerosas especies y el sustento de las comunidades del archipiélago.
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