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Opinion

Superados por la inseguridad (II)

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Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza

Crece la inseguridad entre nosotros, por tener zonas olvidadas en las que se incrementa la violencia causada por las pandillas y el tráfico de drogas. Territorios estos en los que debe reconstruirse el tejido social, sumarle más fuerza pública, explorar una política de prevención distinta acorde con sus propias realidades y necesidades, con proyectos de transformación urbana y social que logre reducir los índices delictuales que registran. Es implantar e implementar innovaciones a dichos tenores, así como inspirarse en experiencias exitosas llevadas a cabo en otras latitudes.

Nos urgen proyectos que respondan a aminorar la inseguridad, entender que el crimen y la violencia condicionan en inmensa medida las decisiones diarias de los pobladores, el lugar dónde vivimos, transitamos, hacemos o dejamos de hacer, afectando calidad de calidad de vida e integral bienestar, en la certeza que alcanzar un desarrollo sostenible no es dable sin seguridad y viviendo con y en el miedo, lo que deja en claro que si en realidad y verdad queremos comunidades donde se pueda vivir tranquilamente, hay que transformar sus entornos de violencia.

Homicidios a la orden del día, alta tasa de asesinatos de mujeres, un desenfrenado delito común que afectando está el bienestar y calidad de vida de las personas cada vez más, es violencia pura y dura que tiene gran costo humano y económico que deprime las inversiones; de ahí que los esfuerzos para reducir la violencia deben focalizarse en lo local y centrarse en la gente; y, razón para que los gobiernos del orden local se posicionan estratégicamente para responder a las demandas ciudadanas, por ser quienes mejor conocen las amenazas y debilidades que afectan cada centímetro y a cada habitante; sin embargo, mucho y más es el trabajo que requieren adelantar los gobiernos locales para proveer y garantizar una efectiva seguridad ciudadana, debiendo en consecuencia asumir la seguridad como un todo prioritario de su gestión, en contexto de liderazgo, de gobernanza compartida nacional y local, en la búsqueda y procura de reducir los niveles de criminalidad.

Fundamental en esto de reducir la inseguridad desde lo local es empezar por hacerse cargo de su realidad y con el gobierno nacional construir capacidades para que los actores clave pueden actuar para que el crimen en sus distintas manifestaciones no desborden las capacidades locales; alinear las acciones de los diferentes sectores gubernamentales hacia un mismo objetivo: la reducción del crimen y la violencia mejorando inclusión social y convivencia; una policía alerta para prevenir y controlar el crimen, por ser quienes mejor conocen los lugares, sus desafíos y su gente; anticiparse al crimen, enfocar los esfuerzos en una verdadera prevención del crimen; y, aplicar innovaciones y sinergias que desarrollar se deben entre el sector privado y la sociedad civil con iniciativas de seguridad pensadas desde ellos en alianza con el gobierno, tales como contribuir a profundizar en el análisis de las dinámicas criminales, en el saber que el crimen es un fenómeno complejo, que requiere soluciones en muchos frentes, como bien hemos señalado. 

Opinion

Importan los mejores

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Por: Ruben Dario Ceballos

Tiempos son estos donde lamentablemente los mejores líderes, conductores, dirigentes, empresarios, políticos de primera condición, de mando ejecutivo en el mejor de los sentidos, pensamiento, acción, grandes atributos y virtudes, entre otras connotaciones de importancia, escasean, De otra parte, y ello es evidente, pocas son ya las minorías selectas, esas donde se agrupan los pensantes, los que mueven ideas, los preparados, los instruidos, los mostrados y demostrados, los más y mejor calificados, gran conducta; excelsas calidades y condiciones personales, profesionales y humanas; vocación auténtica, quienes aconsejar pueden y desde su sapiencia señalar los caminos a ser transitados para ir a puertos seguros de integrales progreso y bienestar. Pocos son ya las personas que se entregan a las nobles causas, los que tienen ganas, apetito, auténtica vocación de servicio, de entrega hacia la comunidad.

Además de todo, tenemos que entender que quienes están en la tarea de conducir, sobre todo los políticos, deben poseer trayectoria vital; esto es, llegar, permanecer, prevalecer y retirarse, lo que no es nada fácil en estos tiempos, que ha dado pie para que se sostenga por tirios y troyanos qué permanecer y prevalecer se dificulta en alto grado y en gran medida al influir perversa y perniciosamente el dinero en la política para controlarla y ensuciarla como día con día vemos y lejos presentimos su desaparición de dicho escenario.

Deben ser igualmente los políticos, arquetipos, cima del ser humano más opuesto al que la gente del común pertenece. Necesitamos políticos estudiosos de las disciplinas sociales, cercanos, atentos, preocupados y ocupados, enterados a fondo de las realidades, así como formados culturalmente, administrativamente, a fin que dignifiquen la política, una de las vocaciones más nobles y señeras, hoy con poca o ninguna calidad entre nosotros, lo que es a todas luces lamentable.

No deben ejercer la actividad política por ser compleja, personajes siniestros, mismos que abundan sin elementos, sin atributos y sin la clara idea de lo que se debe hacer desde el Estado en un país. Entre nosotros, aspiramos y esperamos que podamos lograr el cambio cultural y moral, las transformaciones suficientes y necesarias, con el fin que quienes se dediquen a la política tengan sembrada, definida la idea, y sepan distinguir todo lo concerniente a la cosa pública, a la administración pública, misma que debe ser ser eficaz, sin un tamaño exagerado, sin corrupción y con presencia en todos y cada uno de los rincones de su jurisdicción y entiendan que sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben estar conformados por los mejores, léase bien, los mejores, a efecto que su Estado de Derecho sea el pilar esencial de nuestra democracia, en lo que importa la participación activa de las minorías más calificadas al frente de las instituciones patrias. 

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Opinion

De la extinción del derecho de dominio (I)

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Por: LUIS HERNÁN TABARES AGUDELO

La extinción del derecho de dominio en Colombia procederá por enriquecimiento ilícito y será declarado por un juez de la república basado en el artículo 34 constitucional que reza: “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o en grave deterioro de la moral social”.

El primer antecedente surque en 1996, pero del examen anterior se advierte que hoy en nuestro país encontramos magistrados, jueces y fiscales especializados en el instituto del derecho de extinción de dominio, pero no es así con los abogados pues ninguna universidad o corporación en 25 años de existencia de la ley en su malla curricular enseña o imparte conocimiento sobre esta materia. Tampoco en ninguna se encuentra esta especialización. Quiere decir que no hay abogados especializados en el derecho de extinción de dominio en nuestro país.

Por lo anterior, mientras los jueces, fiscales y magistrados cuentan con preparación académica constante por parte del Estado y adquieren experiencia diariamente, a los abogados nos toca por la periferia buscar en la jurisprudencia y doctrina nuestra preparación. Es así como afortunadamente me encontré con el libro De la Extinción de Dominio en Materia Criminal, del docente universitario Santiago Vásquez Betancur con el cual he logrado llenar vacíos cuando me llegan casos de este orden normativo.

Ahora bien, la extinción del derecho de dominio no es una confiscación pues esta institución está prohibida por mandato constitucional. De hecho, la confiscación hacía referencia al hecho de que una persona al ser condenada, se le quitaban sus bienes. Esta surge en el 74 antes de Cristo en el imperio romano en donde se condenaba a los senadores por encontrarlos responsables por delitos políticos y por lo tanto todos sus bienes pasaban al Estado.

Así las cosas, encontré en el libro del profesor Santiago Vásquez que, en 1453 en la edad media, en el denominado martillo de las brujas se investigaba todos los actos de herejía dando como consecuencia que había que perseguir a las brujas. De la mujer -en esta época- se tenía el concepto de que era inferior al hombre debido a que venía de la costilla dándole por esa inferioridad una tendencia hacia el mal, pactos con el diablo y que por eso caía más fácil en esa herejía. En tal caso, estas creencias religiosas desembocaron en la quema de la mujer acusada de brujería. En efecto, en mucha literatura de la inquisición podemos encontrar que el sacerdote Torquemada escribió en 1667 el manual de la santa inquisición donde detalla aspectos que cuando las brujas o los herejes eran condenados, sus bienes pasaban a la santa inquisición de la iglesia católica. Sin embargo, en el mismo manual se detalla que los bienes podrían ser vendidos pasando a terceros.

Otra figura que existe en el ordenamiento jurídico colombiano es el comiso penal que surge como una consecuencia de la responsabilidad penal. Se instituye en el artículo 82 de la L.906/2004: “El comiso procederá sobre los bienes y recursos del penalmente responsable que provengan o sean producto directo o indirecto del delito, o sobre aquellos utilizados o destinados a ser utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para la ejecución del mismo…”

De igual manera encontramos el comiso penal regulado en el artículo 100 de la ley 599/2000 el cual reza: “Los instrumentos y efectos con los que se haya cometido la conducta punible o que provengan de su ejecución, y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la fiscalía general de la Nación o a la entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su destrucción…”. Por lo anterior, en el comiso penal proceden solo los bienes del penalmente responsable. No se podrán afectar bienes que no sean de la persona que está siendo procesada y sea condenada.

De todas formas, la extinción del derecho de dominio tampoco es expropiación. La expropiación es una figura de carácter administrativo que tiene dos vías, una de conciliación que tiene un fin de interés común y de utilidad pública pero previa indemnización.

La otra es que si la persona no está de acuerdo con la indemnización podrá activar un proceso judicial ante los jueces para que se dirima esa litis. De manera similar, la extinción de derecho de dominio tampoco es decomiso pues ésta es una figura de carácter administrativo que se da en reglamentos aduaneros, policivos como sanción sobre bienes.

Para concluir, la extinción del derecho de dominio es una acción de carácter judicial; es como una demanda civil, pero en cabeza de la fiscalía general de la nación. Por eso es un instituto de carácter constitucional y por supuesto de carácter sancionatorio que la doctrina lo referencia como una consecuencia jurídica.

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Opinion

De los niveles de inseguridad ciudadana

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Por: Rubén Darío Ceballos Mendoza

El país a todo lo largo y ancho de su geografía registra dramáticos niveles de inseguridad, y sus ciudadanos se muestran cada día y cada vez más definitivamente inconformes al sentirse inmersos en un franco deterioro de la seguridad urbana y rural en todas sus formas, maneras y variables desde hace ya algún tiempo, particularmente en las ciudades capitales; y, no obstante los esfuerzos y estrategias muchas por parte de los gobiernos y Fuerza Pública, los municipios todos comienzan a traslucir deterioros en su orden social, revelados exponencialmente en atracos a mano armada, atentados terroristas, raponazos, hurto de vehículos, violaciones, homicidios con armas de fuego, cortopunzantes, y resultado de demás otras acciones delictivas, lo que se traduce en que tengamos una ciudadanía amedrentada, al filo de la desesperación por esa ola de violencia urbana y rural desbordada en todos sus límites.

Causas de la inseguridad son muchas sin duda, siendo principales en la inseguridad que acusamos el incremento vertiginoso de población desplazada, migraciones, aumento de la pobreza, superpoblación de sectores económicamente deprimidos, caldos de cultivo propicios para que facciones delictivas de distinta naturaleza, origen y propósitos permeen, infiltrando y penetrando a los suyos dentro de estos núcleos y de contera pervirtiendo los sistemas de seguridad.

Inciden igualmente en la inseguridad el caos vehicular, la invasión del espacio público por vendedores informales, el mal uso de los servicios de protección y demás arbitrariedades, lo que facilita la acción de toda suerte de delincuentes que abundan en nuestras calles. Otro de los factores que tienen que ver con lo cual es la corrupción gubernamental y la impunidad como generadores de violencia, la delincuencia de cuello blanco de alto impacto y otras modalidades, que generan más violencia, ya que el ciudadano del común percibe que solo requiere de alguna prebenda para burlas y pasar por encima de la normatividad legal, lo que justifican con aquello de …¿Si ellos lo hacen, por qué no yo?…..

La insolidaridad ciudadana es otro de los elementos que ayuda en esa inseguridad. Los delincuentes asaltan a la luz del día y a la vista de todos, sin que nos inmutemos y actuemos con indiferencia. La solidaridad y ayuda cívica con la Fuerza Pública es mínima. Raros son los casos en los que los ciudadanos avisan a las autoridades de hechos sospechosos que atentan contra personas y comunidades. No funciona entre nosotros la conexión ciudadanía – autoridades, lo que evitaría que la seguridad se degrade a niveles preocupantes como los que nos agobian.

De igual manera contribuye a la inseguridad en alto grado la ineficiencia de la Fuerza Pública causada por la impericia de los gobernantes locales y regionales, que se encuentran mal ordenadas en cuanto a dirección gubernamental por parte de los mandatarios locales y departamentales. Es común qué en los niveles regionales y locales, los gobernantes señalen políticas para mantener la tranquilidad o mejorarla; sin embargo en la mayoría de los casos, tales directrices no se corresponden con las propias realidades y necesidades sufridas. Otro aspecto tiene que ver con los mandatos demagógicos y populistas de algunos mandatarios que caen en la tolerancia a ultranza, y no tienen en cuenta como sentenciara Fiodor Dostoyevski, que “La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles”.

No contamos respecto de la seguridad, con planes, proyectos ni programas a largo plazo. Mucho se improvisa en esta materia como respondiendo a impulsos, a lo que se vaya presentando, donde la labor realizada se minimiza por parte del sucesor y se desecha lo avanzado.

El descontento ciudadano crece, de ahí que en vía de solución para que entre nosotros refulja la seguridad, es el imperio de la ley por parte de la gente, sin que intereses clase social, poder económico, influencias políticas o social; entender que se deben acatar las normas pata que reinen el orden y la seguridad. Esa y no otra es la principal tarea que deben poner en práctica gobernantes, políticos y servidores públicos en general, quienes deben conocer a fondo cómo funcionan las unidades territoriales y cuál es el papel real de la Fuerza Pública como elementos de apoyo en el mantenimiento de la paz y tranquilidad en municipios y departamentos. Es entender que la efectividad y estabilidad de sus unidades territoriales necesitan directrices de conformidad a la región en donde cumplen sus funciones y no debe trasladarse dicha responsabilidad total en estos abnegados guardianes del orden. 

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