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Judiciales

Supertransporte abre investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la operación del muelle de Providencia

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La Superintendencia de Transporte abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina Islas, por presuntamente haber definido condiciones operativas que no garantizan la seguridad, eficiencia y calidad de la prestación del servicio público portuario para el muelle de Providencia. Así mismo, se abrió investigación al operador portuario Sai Tugs S.A.S. y, a la sociedad Inversiones One Piece S.A.S., por presuntas irregularidades en el uso de una barcaza que se ancló al muelle durante cuatro meses, con el aparente fin de privilegiar las operaciones de algunos usuarios en particular, en detrimento de los intereses legítimos de los demás usuarios.

Para el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza, “la Superintendencia adelantó una averiguación preliminar diligente y atenta en la recolección de pruebas, que generó una orden administrativa y ahora esta imputación de cargos. Nunca improvisamos, y menos en un caso en el que la debida prestación del servicio en el muelle es indispensable para la isla de Providencia”.

La Averiguación Preliminar

Tras una averiguación preliminar que involucró múltiples pruebas recaudadas en visitas de inspección, recepción de declaraciones y análisis de material documental, se determinó que el muelle de Providencia aparentemente no cuenta con protocolos de funcionamiento transparentes que contribuyan a la debida prestación del servicio público portuario de manera segura, eficiente y de calidad.

En el mismo acto administrativo, la Superintendencia de Transporte abrió investigación contra el operador portuario SAI TUGS S.A.S. y la sociedad INVERSIONES ONE PIECE S.A.S. por aparentemente haber establecido un modelo operativo favorable para las investigadas frente a los demás usuarios del muelle, y con ello, se habría restringido el acceso a los demás usuarios en condiciones de igualdad, lo cual estaría generando condiciones discriminatorias en el acceso de los usuarios del muelle de Providencia, presuntamente con el beneplácito de la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina Islas.

Posibles sanciones

En caso de ser encontradas responsables de infringir las normas del régimen portuario, las investigadas podrían enfrentar multas hasta por el equivalente de 35 días de ingresos brutos, calculados con base en sus ingresos del mes anterior a aquel en el cual se impone la multa. A su vez, esta Entidad podrá ordenar la suspensión temporal del derecho a realizar actividades en los puertos por parte del infractor.

Recursos 

Contra el acto administrativo de apertura de investigación no procede ningún recurso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 del 2011. La Superintendencia de Transporte garantizará el debido proceso y el derecho de defensa.

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Arresto por irrespetar a un juez durante una audiencia es constitucional: Procuradora Margarita Cabello

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La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, señaló que las medidas de arresto establecidas en las jurisdicciones civil y penal para quien le falte el respeto a un juez durante una audiencia o impida u obstaculice la realización de una diligencia se ajustan a la Constitución.

En concepto enviado a la Corte Constitucional, la jefe del Ministerio Público indicó que las normas demandadas, contempladas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 44) y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, art. 143), señalan claramente las conductas que pueden dar lugar a la imposición de un arresto y respetan las exigencias de los principios de tipicidad y proporcionalidad.

Precisó que las disposiciones examinadas estipulan un procedimiento para la imposición de esa sanción, que incluye escuchar al interesado y motivar la decisión, lo cual restringe la arbitrariedad y el autoritarismo del funcionario judicial, cuya decisión en todo caso está sometida a diversos controles.

La Procuradora sostuvo que la sanción de arresto es idónea para cumplir con la finalidad planteada, pues “se logra razonablemente motivar a los ciudadanos a no lesionar la majestad de la justicia y facilitar el correcto desarrollo de las causas jurisdiccionales”, recalcó.

Puntualizó que la disposición examinada “resulta necesaria, porque no existe una medida igual de eficaz para lograr la finalidad perseguida y menos lesiva para los derechos fundamentales”.

El Código General del Proceso contempla una sanción de arresto de hasta 15 días a quien obstaculice o impida la realización de una audiencia, mientras que en el Código de Procedimiento Penal es hasta por 30 días. Entre tanto, ambas jurisdicciones establecen un arresto de hasta cinco días por irrespetar a los jueces de la República durante una diligencia.

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Policía incauta tonelada y media de Cocaína cerca a Rocky Cay

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En las últimas horas la Policía del Departamento Archipiélago realizó la incautación de una tonelada y media de clorhidrato de Cocaína en el sector de Rocky CAY.

Los hechos se dieron gracias a la información de inteligencia recolectada por la Policía, y con la ayuda de la comunidad se pudo ubicar la vivienda donde se encontraba la sustancia en más de 60 cajas con panelas de la droga en su interior.

El cargamento incautado tiene un costo en el mercado negro superior a los $21 mil millones de pesos, dando un fuerte golpe a las redes de narcotráfico en la isla.

En el acto no hubo capturas.

La droga será entregada a la Fiscalía General de la Nación para que inicie la investigación que permita dar con los presuntos propietarios y darles captura.

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Aprueban extradición a E.E.U.U. de capturados en narcoavioneta en Providencia

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La Fiscalía le imputó a los capturados cargos por narcotráfico y luego se conoció que estaban pedidos para ser juzgados en el país norteamericano.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dio vía libre a la extradición a Estados Unidos a los vinculados del caso de la ‘narcoavioneta’ de Providencia, escándalo donde incluso, estuvo relacionado el esposo de Alejandra Azcarate. Los tres implicados son Juan Camilo Cadena Botero, quien era el piloto de la avioneta N722KR; Harold Darío Rivera, técnico de vuelo; y el capitán de la Policía, Jorge Isaac Aguilar García.

El pasado 23 de mayo la aeronave N722KR, serie LJ-1065, propiedad de la empresa Interandes Helicópteros S.A.S, fue hallada con 446 kilos de clorhidrato de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de la isla de Providencia.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, en la aeronave, a parte de los 446 kilos de clorhidrato de cocaína, fueron hallados $102′752.000 en efectivo. Además, cargaba cajas de tapabocas y ayudas humanitarias que el ente investigador presume, podrían ser una forma de ocultar su actividad ilícita en el tráfico de sustancias psicoactivas con destino, al parecer, a los Estados Unidos.

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