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Terminante requerimiento de la Procuraduría para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, al gobernador encargado y alcalde del Archipiélago

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La Procuradora para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública Liliana Caballero Durán, requirió al gobernador encargado del Archipiélago, Alen Leonardo Jay Stephens y al alcalde de Providencia y Santa Catalina, Jorge Norberto Gari Hooker para que en cinco días calendario, que terminaría el domingo 10 de enero, entreguen información puntual sobre la contratación celebrada desde el primero de enero de 2019, es decir un año antes de que comenzarán los nuevos gobiernos.

Con fecha cinco de enero la delegada exigió que en cinco días calendario, es decir que incluyen dominicales y festivos y por lo tanto el plazo terminaría el domingo 10 de enero, se entregue una extensa información que incluye en el caso de la gobernación enviar un informe a la delegada en el cual explique en detalle: “1. Todos y cada uno de los contratos de prestación de servicios celebrados por la Gobernación entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, detallando los contratistas, valores, objeto contractual y las razones, así como la justificación para su celebración. Esta información debe, además, explicar: a. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando los objetos establecidos en los contratos de prestación de servicios a la luz de los manuales de funciones de la Gobernación. b. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando además las condiciones de emergencia que vive la Isla como consecuencia del huracán IOTA. c. Los contratistas que tienen más de un contrato de prestación de servicios celebrado con la Gobernación, los tiempos de ejecución de cada contrato, señalado con claridad quiénes son contratistas por primera vez, así como quiénes son contratistas recurrentes. d. La fuente de financiación de los contratos de prestación de servicios suscritos por la Gobernación.

  1. Las acciones de la Gobernación respecto de las cargas laborales, la ampliación y la gestión de la planta de personal.
  2. Las políticas y lineamientos de la Gobernación para el impulso de la economía local, desde la contratación pública, en particular, desde los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, según el documento oficial de la Procuraduría.

Providencia

En el caso de Providencia y Santa Catalina, el alcalde debe informar sobre: “a. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando los objetos establecidos en los contratos de prestación de servicios a la luz de los manuales de funciones de la Alcaldía.

  1. La pertinencia para la celebración de cada contrato, considerando además las condiciones de emergencia que vive la Isla como consecuencia del huracán IOTA.
  2. Los contratistas que tienen más de un contrato de prestación de servicios celebrado con la Alcaldía, los tiempos de ejecución de cada contrato, señalado con claridad quiénes son contratistas por primera vez, así como quiénes son contratistas recurrentes.
  3. La fuente de financiación de los contratos de prestación de servicios

suscritos por la Alcaldía.

  1. Las acciones de la Alcaldía respecto de las cargas laborales, la ampliación y la gestión de la planta de personal.
  2. Las políticas y lineamientos de la Alcaldía para el impulso de la economía local, desde la contratación pública, en particular, desde los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, de acuerdo con el documento.

Observación sobre contratos

La delegada de la Procuraduría identificó que la Gobernación celebró en 2019 un total de 1.692 contratos, mientras que, para el 15 de diciembre de 2020, se habían suscrito 1.359 contratos, cuyos objetos era la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con el literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.

En lo correspondiente a Providencia, dice el ente de control que “se identificó que la alcaldía celebró en 2019 un total de 1.699 contratos mientras que, para el 15 de diciembre de 2020, se habían suscrito 1.311, cuyos objetos eran la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de conformidad con el literal H del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007”, indica el informe.

Más adelante la Procuraduría resaltó que, de conformidad con la información del DANE, Providencia cuenta con una población cercana a los 6.000 habitantes. Además, aunque no es posible efectuar una relación de 1:1 entre contrato y persona, si es posible evidenciar el impacto del Estado en términos de ingresos en la población de Providencia y sus hogares, considerando que se registran 1.545 hogares con un promedio de 2,7 habitantes por hogar.

Esta decisión la tomó la Delegada con base en la Circular No. 036 del 16 de diciembre de 2020, en la que el Procurador General, Fernando Carrillo, instó a las autoridades competentes “a ejecutar de forma adecuada, diligente y oportuna todas las tareas y actividades que en el marco de sus obligaciones y deberes públicos correspondan para hacer efectivos los derechos humanos y las libertades individuales, consagrados en la Constitución Política, en favor de los habitantes y comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

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Tribunal Contencioso administrativo suspendió de manera provisional los efectos de la elección de presidente de la Asamblea

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La suspensión provisional de los efectos del acto de elección proferido por el presidente de la Asamblea Departamental, Carlos Carvajal Jiménez, en la sesión plenaria celebrada el 30 de noviembre de 2020 por medio del cual declaró electa como presidente de la mesa directiva de la Corporación en el periodo iniciado el 1º de enero 2021 a la diputada Margith Bandera Espitia, decretó el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La medida cautelar fue notificada de inmediato dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 11 del Decreto 806 del 2020, con fecha 14 de enero de 2021, proferida por el mencionado Tribunal.

El documento conocido ordenó estas medidas en los artículos 11 y 12, pero no contiene los restantes artículos del 1 al 10.

El Tribunal acogió la solicitud de la abogada Ligia Rojas

Como se recuerda la abogada Ligia Rojas Lobo había solicitado la suspensión provisional de los Actos Electorales demandados, contenidos en el audio de la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2020 realizada por la Asamblea, dispuesta para la Elección de los Dignatario de la Mesa Directiva de la misma, “llegando sólo a realizar la votación para elección de presidente, la que fue trastocada, por la declaratoria de Nulidad que hizo el Presidente de la Asamblea de los votos depositados a favor del candidato- diputado Escorcio Christopher quien resultó elegido presidente por la mayoría, como lo exige el Artículo 53 del reglamento Interno de esta Corporación”, dice el documento.

A la vez, -continúa la demanda de Rojas Lobo el mismo presidente Carvajal procedió a “declarar a la diputada Margith Bandera como presidente de la Mesa Directiva, periodo – 2021-, habiendo obtenido tan sólo cinco votos de los once, es decir no ostentó la ‘mayoría’ exigida por el reglamento interno para ser presidente titular, actuaciones que vulneran el debido proceso, y principios similares”, según la demandante.

Además, la abogada Rojas Lobo solicitó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, una acción de nulidad electoral ante lo ocurrido en la sesión de la Asamblea del 30 de noviembre, cuando no hubo acuerdo con la elección del presidente de la corporación.

La abogada elevó la demanda contencioso administrativa electoral con Medio de Control de nulidad electoral contra la Asamblea Departamental y vinculó a los diputados Margith Bandera Spitia y Escorcio Christopher Pomare.

La demanda solicitaba que se declarara la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal “mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina declaró como elegida presidente de la Mesa Directiva a la Diputada Margith Bandera Espitia para el periodo – 2021-, contenido en el audio de la Sesión de noviembre 30 de 2020 llevada a cabo por dicha Corporación”, según el texto de la acción de nulidad.

En segunda instancia está acción pedía que “se declare la nulidad del Acto Administrativo electoral o Decisión Verbal mediante el cual el señor Carlos Arturo Carvajal Jiménez, presidente de la Asamblea declaró nulos los votos depositados mayoritariamente a favor del diputado Escorcio Christopher Pomare para presidente de la Mesa Directiva de la Duma.

Y además solicitó que, “en consecuencia, se otorgue plena validez a la elección como presidente de la mesa directiva de la Asamblea para el periodo – 2021- del diputado Escorcio Christopher Pomare, quien obtuvo la mayoría requerida por el Reglamento Interno”, sobre lo cual el Tribunal, en el radicado 88-001-23-33-000-2020-00096-00, no hizo alusión.

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Contraloría Departamental no encontró detrimento en contrato de publicidad, en contraste, la Fiscalía dice que si hay un detrimento de al menos $123.320.638, es decir el 24,6% de los $500 millones

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Justiniano Brown Bryan

Antonio Colmenares Martínez

La Contraloría Departamental del Archipiélago, no encontró indicios de que se haya generado detrimento al patrimonio departamental por sobrecostos o por ninguna otra irregularidad en la planeación, adjudicación y posterior ejecución del contrato 0291 del 2020 celebrado entre la gobernación en cabeza de Everth Hawkins y Noel Fotos SAS.

Como se sabe esta investigación mantiene suspendido y con detención domiciliaria al gobernador titular Everth Hawkins.

La Contraloría Departamental entregó al gobernador encargado, Allen Jay Stephens, la información después de resolver mediante evaluación y cotejo de cotizaciones obtenidas de las diferentes empresas con domicilio en el departamento y que, según la Contraloría, “no dejan dudas de que no hay ningún sobrecosto”.

Según el documento de la Contraloría Departamental, a cargo de Justiniano Brown Bryan, dirigido al gobernador encargado, se indica que el caso lo abordó debido a una denuncia presentada a través de una cuenta de Facebook por Harold Busch.

Contraste entre Contraloría Departamental y Fiscalía

En este punto hay que observar que para la Fiscalía existe otra realidad porque en el escrito de acusación presentado por la Fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres Rodríguez, se informa que se hizo el mismo trabajo de cotizar en empresas diferentes, pero en el caso de la Fiscalía, se hallaron diferencias: “Pagos por precios superiores al promedio del mercado en cuantía de $36.520.638, los cuales se determinaron a partir del estudio comparativo de los bienes y servicios cotizados, tanto por las empresas convocadas antes de la declaratoria de urgencia manifiesta como por los que soportaron la firma del contrato y su ejecución.

En consecuencia, se estima un detrimento patrimonial en cuantía de, al menos $123.320.638, en un contrato por valor total de $500 millones, lo que equivale a una apropiación del 24,6 por ciento del valor del contrato”, señala la Fiscalía.

Además, la Fiscal delegada Torres Rodríguez, en el Escrito de Acusación contra el gobernador Everth Hawkins Sjogreen, detalle a detalle, expone más de 120 pruebas como versión de la Fiscalía sobre las presuntas conductas antijurídicas del mandatario del Departamento Archipiélago, en el trámite y la celebración del contrato 291del 18 de marzo del 2020, que tenía por objeto la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid19, por valor de 500 millones de pesos.

 

Foto Cortesía

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«Continúa labores la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago»: IGAC

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La directora general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Olga Lucía López Morales, mediante resolución 1047 del 15 de diciembre de 2020, ordenó la continuación de la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago, modificando la Resolución 1010 del 2 de diciembre de 2020 en la que se había suprimido la UOC isleña.

Por varias razones, entre otras la situación geográfica, la dirección del IGAC debió dar marcha atrás y reconocer que “teniendo en cuenta que, para la mejor prestación del servicio administrativo de Catastro, se hace necesario excluir de la supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”.

En el artículo primero de la Resolución 1047 se ordenó “modificar el artículo 1º de la Resolución 1010 del dos de diciembre de dos mil veinte (2020), el cual quedará así: Excluir de la Supresión a la Unidad Operativa de Catastro del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adscrita a la Dirección Territorial de Córdoba”, según el texto del IGAC.

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