El Tribunal Superior de Bogotá, estudia un recurso de reposición invocado por la defensa del gobernador Everth Hawkins S. después del fallo que se impuso con detención domiciliaria contra el gobernador del Departamento Archipiélago, acusado por presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La Fiscalía, solicitó la imposición de medida de aseguramiento de detención privativa de la libertad en el lugar de domicilio, pedido que atendió el Tribunal de Bogotá. El Fiscal General, Francisco Barbosa, anunció que el presidente de la República procederá a suspender al gobernador Hawkins.

El gobernador respondió textualmente en redes sociales que: “Fiscalía logra medida de aseguramiento en mi contra, se veía venir. Pero soy absolutamente inocente de todas las imputaciones señaladas Seguimos a interponer recursos y así demostrar mi inocencia”.

Investigación

Desde el pasado 24 de abril la Fiscalía inició las indagaciones sobre las presuntas irregularidades de contratación en la Gobernación de San Andrés.

De esa manera por más de mes y medio, investigadores del CTI y Policía judicial de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, llevaron a cabo las verificaciones del proceso de adjudicación y ejecución de un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario con mensajes de mitigación del Covid-19 y como parte de las acciones judiciales definidas, el gobernador Hawkins fue escuchado en interrogatorio a finales de mayo.

El pasado 27 de junio el fiscal Francisco Barbosa y la delegada para la Seguridad Ciudadana, Carmen Torres, con el apoyo de la directora Seccional, Tatiana Angulo, en su visita a la isla conoció pormenores de los hechos investigados por un fiscal delegado ante la Corte Suprema y su impacto en la comunidad, principalmente, la afectación en los sectores de la salud, recreación y educación, por lo que se priorizaron tres casos más.

Urgencia manifiesta

La Fiscalía con base en las investigaciones halló injustificada la medida de basarse en la declaratoria de urgencia manifiesta para contratar directamente.

Se estableció además que la empresa Noel Fotos S.A.S., tras suscribir el contrato por $500 millones, el 18 de marzo de 2020, “pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio del mercado, por cuantía de $86.800.000. Dicha suma fue pagada por el departamento”, según la Fiscalía.

El organismo de control acusó al mandatario de los isleños de vulnerar principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, y, además, generar detrimento patrimonial.

En su momento y después de la visita del Fiscal Barbosa el gobernador Hawkins dijo que lo estaban utilizando como ‘chivo expiatorio’, en justificación de un viaje del Fiscal a la isla que causó gran controversia.

Comunicado  de la Fiscalía

“JUDICIALIZADO GOBERNADOR DE SAN ANDRÉS, EVERTH HAWKINS, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES DE CONTRATACIÓN AL AMPARO DE LA EMERGENCIA POR EL COVID – 19

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2020.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitara.

En las audiencias cumplidas ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el mandatario departamental abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas; sin embargo, 48 horas después, el 18 de marzo del año en curso, decretó la calamidad pública por el Covid – 19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS.

El material probatorio da cuenta de que el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen.

De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el

Covid – 19. Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población.

El citado contrato con Noel Fotos SAS ascendió a 500 millones de pesos. Esta suma salió de los recursos del departamento y, de acuerdo con las verificaciones hechas, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas, fue desembolsada a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.

Para la Fiscalía, el gobernador de San Andrés vulneró principios esenciales en la contratación pública como concurrencia, transparencia, economía y responsabilidad, por lo que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Por solicitud del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el funcionario recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia. Una vez cumplidos los procedimientos de ley por parte del Tribunal Superior de Bogotá, el presidente de la República suspenderá del cargo al gobernador Everth Julio Hawkins

Sjogreen.

Estrategia contra la corrupción

La estrategia de lucha contra la corrupción definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha permitido capturar a 69 personas y realizar 166 imputaciones en 26 departamentos, por delitos contra el patrimonio y la administración pública. Entre los procesados hay 4 gobernadores, 6 exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre otros. Resultados obtenidos entre el 13 de febrero y el 16 de septiembre del presente año.

“No se tolerará el saqueo sistemático de recursos públicos en ningún lugar del territorio nacional”, puntualizó el fiscal General de la Nación”.