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Tropical Park: Un espacio para la recreación, pero desperdiciado por la indiferencia del gobierno
A pesar de los anuncios hechos por el actual gobernador Everth Hawkins Sjogreen, desde los primeros meses de su periodo, el Tropical Park es un sitio olvidado y la administración no obstante de su ‘olvido’, debe construir un parque tal como lo ordenó el Tribunal.
Desde luego que ya para esta administración de Hawkins existe la limitante del tiempo, pero para el nuevo gobernador esta es una tarea que debe cumplir y que le agradecerán los habitantes de la isla, pero de manera especial los turistas que encontrarían en San Andrés un nuevo gran atractivo.

Deprimente
Lo que hay en este momento en ese lugar privilegiado de cara al mar, es deprimente, la maleza cubre algunos de los senderos construidos en concreto y que es de las pocas cosas allí que se salvan, incluyendo una pista de patinaje que aunque sirve para la preparación de niños y jóvenes en esa disciplina, carece de especificaciones técnicas.
Hay vestigios de las máquinas para la preparación física que confirmaban varios puntos de gimnasio público, importante para la comunidad, pero de lo que no queda sino un recuerdo
confirmado por pequeños restos oxidados.

Investigación que no avanza
Es verdad que a la administración le corresponde hacer un parque real, útil, funcional, atractivo, temático, si se quiere, pero la investigación sobre las responsabilidades que tienen quienes debe responder por recursos que jamás se invirtieron.
Hay información sobre las evidencias de malos manejos de recursos en la ejecución del proyecto ‘Tropical Park’ y tiene que ver con la imputación de cargos a un particular y tres exfuncionarios de la secretaría de infraestructura por, presuntamente estar “implicados en hechos de corrupción relacionados con la construcción del complejo recreo deportivo conocido como Tropical Park”, según informó la Fiscalía en agosto del 2023.

¿Pero qué pasó con la investigación inicial?
El 16 de noviembre de 2020, en audiencia virtual, el Juzgado Primero Penal con función de Control de Garantías, citó a audiencia de imputación de cargos a Ninosthka Hudson – exsecretaria de Infraestructura-, Paola Andrea Toro, – exsecretaria de Turismo, Alejandro Lozano Bowie, – exsecretario de Infraestructura, Paulo César Huertas, Andrés Sanmiguel Castaño y Moisés Francisco Araujo, por los presuntos delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por Apropiación, con referencia al contrato del proyecto Tropical Park, que comprometió recursos por una cifra superior a trece mil millones de pesos.
Se destaca que Andrés Sanmiguel Castaño, implicado en el caso de corrupción cometido por Odebrecht y quien es el contratista firmante del contrato del Tropical Park.

Nuevos implicados
En la información emitida por la Fiscalía en agosto, se nombra a los ingenieros Sheena Pérez Livingston, Deisy Linn Cantero Manuel, José María Mejía Rubio y el empleado de una
empresa de aseo, Marco Walters Jessi.
Recuerda la Fiscalía que los hechos investigados ocurrieron en 2017 cuando al parecer los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar el adecuado destino de los recursos dispuestos para la construcción del complejo Tropical Park. La obra estaba a cargo del consorcio del mismo nombre.
“Al parecer, los procesados omitieron su deber de vigilar y supervisar la destinación de los recursos públicos, generando un detrimento patrimonial de 89 millones de pesos, pues la obra no se terminó en su totalidad”, dice la Fiscalía.
Lo cierto es que Pérez Livingston, Cantero Manuel y Mejía Rubio fueron imputados como posibles responsables del delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

Falsificación de firma
En cuanto a la investigación en contra de Walters Jessi, el ente acusador evidenció que habría falsificado la firma del representante legal de su empresa para justificar el cobro de 627 millones de pesos como pago por el traslado de escombros y elementos residuales desde la obra, hasta el sitio conocido como Magic Garden. El material de prueba da cuenta que esta gestión nunca se realizó. Walters Jessi, es investigado por falsedad en documento privado. Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad frente a los cargos que imputó la Fiscalía.
Para colmo de las ‘curiosidades’ sobre este proyecto, la obra fue recibida oficialmente, a satisfacción, por la gobernadora encargada Toney Gene Salazar.
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Procuraduría investiga e ex Gobernadores de San Andrés por presunto incumplimiento en fallo de tutela: Nicolás Gallardo le respondió a la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los exgobernadores del Archipiélago, Everth Julio Hawkins Sjogreen (2020-2023) y Nicolás Iván Gallardo Vásquez (2024-2026), por el presunto incumplimiento de una acción de tutela que ordenaba adoptar medidas para mitigar los efectos de la sobrepoblación y garantizar condiciones adecuadas de vida en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante la administración de Everth Hawkins se habrían omitido acciones necesarias para cumplir las órdenes del Tribunal Administrativo del Archipiélago, particularmente en lo relacionado con la organización y funcionamiento de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), el control de construcciones ilegales y barrios subnormales, así como la regulación del crecimiento del parque automotor.
En cuanto a Nicolás Gallardo, la Procuraduría cuestiona el presunto incumplimiento de las disposiciones judiciales relacionadas específicamente con el control del ingreso y crecimiento de vehículos, motocicletas, mulas y carros de golf en el departamento.
LA RESPUESTA DE NICOLÁS GALLARDO
Tras conocerse la formulación de cargos, en un documento de respuesta se relacionaron las actuaciones adelantadas durante la administración de Nicolás Gallardo para atender la problemática del crecimiento del parque automotor.
Entre las acciones expuestas se encuentra la realización del censo vehicular de 2024 y la presentación ante el Tribunal Administrativo de un informe comparativo entre los censos de 2017 y 2024, en el que se evidenció un incremento del 8,75 % del parque automotor durante ese periodo.
Asimismo, se indicó que la administración solicitó al Tribunal Administrativo una medida cautelar para restringir el ingreso de vehículos al departamento. Esta petición fue acogida mediante auto del 26 de mayo de 2025, que ordenó la restricción por un periodo de tres meses.
Posteriormente, el 15 de agosto de 2025, se solicitó una prórroga de dicha medida por dos años. Sin embargo, mediante auto del 6 de abril de 2026, el Tribunal negó la solicitud.
El documento también señala que el 2 de junio de 2026 la administración volvió a acudir al Tribunal para reiterar la necesidad de adoptar medidas de regulación del ingreso vehicular.
Adicionalmente, se informó sobre una solicitud formal presentada ante el Ministerio de Transporte para la creación de una zona diferencial para el tránsito en el Archipiélago, teniendo en cuenta sus condiciones geográficas, territoriales, ambientales y de movilidad.
- Carta del Ex Gobernador Nicolás Gallardo en respuesta a la Procuraduría



SIN PRONUNCIAMIENTO CONOCIDO DE EVERTH HAWKINS
En el caso del exgobernador Everth Hawkins, hasta el momento no se conoce una respuesta pública frente a los señalamientos formulados por la Procuraduría en este proceso disciplinario.
La entidad calificó provisionalmente las faltas atribuidas a ambos exmandatarios como graves, a título de culpa grave.
El proceso disciplinario deberá continuar su curso para determinar las responsabilidades correspondientes, garantizando el derecho a la defensa y al debido proceso de los investigados.
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Procuraduría envió a juicio disciplinario al exsecretario de Infraestructura Cristian Cañón quien habría ejercido el cargo estando inhabilitado
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exsecretario de Infraestructura de la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (2024 -2026), Cristian Fernando Cañón Bernal, por presuntamente ejercer funciones públicas estando inhabilitado.
Al parecer, el investigado habría desobedecido e incumplido una decisión disciplinaria mediante la cual fue sancionado con destitución e inhabilidad general por ocho años y seis meses, al parecer, derivada de su gestión previa como subdirector de la corporación autónoma Cardique.
La conducta fue calificada provisionalmente como falta grave a título de dolo, teniendo en cuenta que Cañón Bernal habría continuado ejerciendo las funciones públicas de manera consciente y voluntaria a pesar de tener pleno conocimiento de su inhabilidad ejecutoriada.
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Armada Nacional capturó 44 hondureños por pesca ilegal en aguas del Archipiélago
La Armada Nacional, a través del Comando Específico de San Andrés y Providencia, capturó a 44 ciudadanos hondureños que realizaban actividades de pesca ilegal en aguas del mar territorial colombiano, en inmediaciones de isla Cayo Serranilla, al norte del archipiélago. Durante la operación fueron incautadas 20 embarcaciones menores, equipos de buceo y 241 kilogramos de recursos marinos.
El procedimiento se inició cuando el buque de la Institución Naval detectó una embarcación pesquera que operaba como buque nodriza y desde la cual se desplegaban embarcaciones menores, conocidas como pangas, para realizar faenas de pesca. Tras verificar con la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de San Andrés, se estableció que la embarcación no contaba con autorización para ingresar a aguas colombianas ni para desarrollar actividades de aprovechamiento de recursos pesqueros.

Al advertir la presencia de la Armada Nacional, el pesquero emprendió la huida y abandonó en el sector a las personas que se encontraban en las pangas. Ante esta situación, una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de San Andrés interceptó las embarcaciones y sorprendió en flagrancia a los 44 extranjeros mientras realizaban actividades de pesca con equipos de buceo y transportaban recursos marinos.
Posteriormente, en el muelle de The Cove, en San Andrés, se realizó la inspección y verificación del material incautado, con el acompañamiento de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y la Secretaría de Agricultura y Pesca. El procedimiento permitió establecer que transportaban 142 kilogramos de caracol pala, 77 de langosta, 16 de cangrejo y 6 de peces de diferentes tamaños, para un total de 241 kilogramos de recursos pesqueros.

También fueron incautadas 20 pangas, 143 tanques de buceo, manómetros y otros elementos utilizados para la extracción de especies marinas.
Migración Colombia adelantó las verificaciones de identidad y situación migratoria de los 44 ciudadanos hondureños. Tanto los capturados como el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.
Esta operación se suma a los controles realizados recientemente en inmediaciones de isla cayo Serranilla, donde unidades de Guardacostas efectuaron seguimiento a una embarcación pesquera extranjera ubicada fuera del mar territorial colombiano, en la zona de régimen común entre Colombia y Jamaica, hasta que salió de dicha área e ingresó a aguas hondureñas.
Estas acciones buscan proteger los ecosistemas de la Reserva de Biosfera Seaflower, reconocida por la UNESCO por su biodiversidad marina. Sus arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares son fundamentales para la conservación de numerosas especies y el sustento de las comunidades del archipiélago.
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