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Nacional

Urge endurecer penas contra los abusadores sexuales de menores de edad

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La Directora General del ICBF asegura que el país debe utilizar todos los mecanismos posibles para ponerle freno al creciente número de casos de abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes.

Buscando reducir los casos de abuso sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) considera necesario endurecer las penas. Según su Directora General, Juliana Pungiluppi, “el ICBF respalda el compromiso y liderazgo del Presidente de la República, Iván Duque, respecto a la medida de cadena perpetua para abusadores sexuales de niños, niñas y adolescentes. Creemos que es una pena ejemplarizante, sin embargo, debe venir de la mano de otras medidas como fortalecer el aparato judicial”.

En los primeros 8 meses de 2018, el ICBF abrió 9.102 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Esto resulta preocupante pues los casos van en aumento en comparación con el año anterior. Entre enero y agosto de este año, el ICBF ha venido atendiendo un promedio de 38 casos diarios de abuso sexual contra menores de edad, muy superior a los 31 casos que en promedio atendió cada día durante 2017. En San Andrés registraron 8 procesos.

“La legislación colombiana contempla penas de hasta 60 años de prisión para los responsables de abuso sexual en contra de la niñez. El artículo 199 de la Ley 1098 de 2016, establece la pérdida de beneficios jurídicos para estos casos. A pesar de ello, hay casos en los cuales las sanciones se aplican con penas irrisorias”, dijo la Directora General.

De otro lado, la Directora General del ICBF destacó la importancia de la corresponsabilidad por parte de las instituciones y de la sociedad, e invitó a continuar denunciando a través de la línea 141 y todos los canales puestos a disposición de la ciudadanía, para poder brindar atención de manera oportuna.

 

Actualidad

Registraduría aprobó el calendario electoral para las elecciones interpartidistas del 4 de junio

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El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, firmó la resolución 2886 del 3 de febrero de 2023 que fija el calendario electoral para la realización de las consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición a cargos o corporaciones de las elección territoriales de 2023.

Con la publicación del calendario electoral se da inicio a las diferentes etapas y actividades a desarrollar para la realización de estas consultas populares, que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica o grupos significativos de ciudadanos, tienen plazo hasta el 4 de marzo para que comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar las consultas populares o interpartidistas para la escogencia de sus candidatos.

Así mismo, desde el 1 de abril inicia el período para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional; este plazo se extenderá hasta el 4 de mayo de 2023, un mes antes de dichas consultas.

La resolución número 0585 de 25 de enero de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral fijó el 4 de junio de 2023 como fecha para la realización de consultas populares para la toma de sus decisiones o escogencia de sus candidatos para las elecciones de 2023.

A continuación, se relacionan las fechas de las diferentes actividades a desarrollar para las consultas interpartidistas.

4 de febrero: Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas (4 meses antes de la votación)

4 de marzo: Vence el plazo para que los partidos, movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos comuniquen por escrito al Consejo Nacional Electoral, su decisión de realizar consultas populares, internas o interpartidistas para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos.

Podrá realizarse propaganda electoral empleando el espacio público. Solo se permitirá propaganda electoral cuando el partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos haya comunicado por escrito al Consejo Nacional Electoral su decisión de realizar consultas en la fecha previamente establecida.

Publicación del Censo Electoral (3 meses antes de la elección).

6 de marzo: Podrá realizarse propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público.

10 de abril: Inicia la inscripción de precandidatos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

20 de abril: Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos que participen en la consulta presenten las preguntas a realizar al Consejo Nacional Electoral.

30 de abril: Vence el término para que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie con relación a las preguntas presentadas por los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos. En caso de que las preguntas sean aprobadas se remitirán inmediatamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil para los efectos pertinentes.

4 de mayo: Vence el plazo para que los precandidatos puedan inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Vence el plazo para que los partidos y movimientos políticos y/o grupos significativos de ciudadanos, manifiesten si se retractan de su voluntad inicial de participar en consulta.

5 de mayo: Vence el plazo para que el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos al que se le hayan devuelto las preguntas presentadas que no fueron aprobadas, las subsanen en el término máximo de cinco (5) días calendario. De no hacerlo en este plazo, se entenderá que se ha desistido de la consulta.

12 de mayo: Selección de delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la elección)

19 de mayo: Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores del Distrito Judicial (10 días antes de la elección).

20 de mayo: Fecha límite para el sorteo y designación de los jurados de votación (15 días antes de la votación).

25 de mayo: Publicación de la lista de los jurados de votación (10 días calendario antes de la votación).

2 de junio: Inicia la inmunidad de los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y sus claveros (48 horas antes de iniciarse el escrutinio).

4 de junio: Día de la consulta e inicio de los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

5 de junio: Continúan los escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

6 de junio: Inician los escrutinios generales.

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Nacional

Declaran culpable a responsable de atentado a Escuela de Cadetes de la Policía

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, demostró que Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, era un integrante del denominado Frente Domingo Laín Sáenz de ELN que ocultaba los dineros ilícitos y obtenía nuevos recursos para sostener las distintas estructuras ilegales en Arauca y Casanare.

En ese sentido, un juez penal especializado de Arauca lo declaró responsable de los delitos de rebelión y financiamiento al terrorismo.

Las pruebas presentadas en juicio dan cuenta de que alias Chaco constituyó la empresa de lácteos Villa Esperanza, la cual sirvió para transformar dineros producto del cobro de extorsiones y secuestros en el oriente del país, y usar las ganancias de la venta de quesos y otros productos para cubrir económicamente varias actos terroristas, como el atentado a la escuela de cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander.

Asimismo, quedó en evidencia que este hombre acopiaba en su inmueble y transportaba armas, explosivos, equipos de comunicación y otros elementos para el ELN.

Análisis contables y otras actividades investigativas indicaron que la empresa Villa Esperanza fue creada con un capital de apenas 3’500.000 pesos y con un único empleado, Wilson Arévalo Hernández. De igual manera, permitieron conocer que, entre 2012 y 2017, ocultó al Estado más de 5.000 millones de pesos que corresponderían a ingresos de actuaciones ilícitas.

El monto de la condena contra alias Chaco o El Quesero se conocerá en mayo del año en curso.

Participación en ataque terrorista

Wilson Arévalo Hernández, alias Chaco o El Quesero, también está vinculado a un proceso como presunto partícipe en el atentado a la escuela General Santander, que dejó 22 cadetes muertos y varios heridos, el 17 de enero de 2019.

El material de prueba obtenido da cuenta de que este hombre habría trasladado de Arauca a Bogotá el campero que fue cargado con 80 kilogramos de pentolita. Arévalo llevó el vehículo hasta la bodega alquilada por José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó el carro bomba al centro de estudios policiales.

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Nacional

Viva Air suspenderá los trayectos desde San Andrés hacia Barranquilla y Cartagena

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A través de un comunicado de prensa la compañía operadora de esa aerolínea anunció la lamentable noticia que deja nuevamente desconectada a San Andrés con la costa Caribe, y a depender de conexiones que muchas veces tienen que ir hasta la región Andina de Colombia para nuevamente regresar al Caribe y conectar los diferentes destinos de la Costa:

Fast Colombia SAS en adelante Viva, desea informar la decisión que ha tomado de suspender sus servicios de transporte aéreo en la ruta San Andrés Barranquilla y regreso la fecha desde la cual tendrá efecto la suspensión de la ruta será el día 29 de octubre de 2022 así las cosas el último vuelo entre San Andrés y Barranquilla se efectuará el día 28 de octubre de 2022.

Del mismo modo Se informa que Viva suspenderá sus servicios de transporte aereo en la ruta San Andrés Cartagena y regreso la fecha desde la cual tendrá efecto la suspensión de la ruta será el día 27 de octubre de 2022.

Así las cosas el último vuelo entre Cartagena y San Andrés se efectuará el día 26 de octubre del 2022 es importante señalar que Viva se hará responsable de la protección de los pasajeros que cuenten con reservas confirmadas para los vuelos afectados por la determinación de suspender las rutas en cumplimiento de las estipulaciones contenidas en sus contratos de transporte y en la normatividad aeronáutica vigente en Colombia.

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